Editorial | El momento de las respuestas en la tragedia de la Vasco
El picador José Antonio Blanco Barrio, de 43 años; el vigilante Juan Carlos Pérez Fernández, de 41 años; el picador Manuel Antonio Moure Fernández, de 40 años; el tubero Orlando González Fernández, de 44 años; el picador Roberto Álvarez García, de 36 años y el picador José Luis Arias Gutiérrez, de 45 años. Son los seis mineros fallecidos en el accidente del Pozo Emilio de la Hullera Vasco Leonesa, en Santa Lucía de Gordón, en octubre de 2013. Sus familias —y los ocho trabajadores que resultaron heridos— pasarán desde mañana por el calvario que supone revivir aquel fatídico suceso con el segundo intento de comenzar la vista oral para, por un lado, aclarar las causas de la tragedia y, por otro, depurar las responsabilidades correspondientes. Esperemos que ya llegue la hora de cerrar esta agonía que se ha alargado nueve años y tres meses, tras un larguísimo y complicado proceso de instrucción y la inesperada suspensión hace casi dos años de la primera convocatoria de la vista oral cuando apenas empezaba la primera jornada, para permitir la personación en la causa de la aseguradora de dos imputados. El procedimiento se retrotrajo entonces a la fase previa a la apertura del procedimiento abreviado. Cuatro años antes del que se fijó por primera vez la vista. Será un proceso extraordinario a todos los niveles y con una tremenda complejidad técnica. Dos meses de sesiones con 16 acusados, 50 testigos y casi una treintena de peritos, que desfilarán por el Juzgado de lo Penal 2 de León para intentar esclarecer, entre un centenar de versiones, cómo se produjo el accidente, si se cumplieron las directivas de seguridad pese a los indicios de peligro y si las tareas de explotación de la mina provocaron el escape de grisú que segó la vida de las seis víctimas en segundos o si la tragedia fue imprevisible e inevitable. En la causa están imputados todos los cargos de la empresa que tenían responsabilidad en la organización de la seguridad de la explotación. En esta segunda vista oral no puede haber retrasos ni tropiezos. Por las víctimas, por sus familias y también por quienes llevan 113 meses en el punto de mira acusados de homicidio imprudente. Es el momento de las respuestas y de que se imponga la justicia.