Rajoy en Villablino
El trabalenguas ideado por Mariano Rajoy desde lo alto de un banco de un parque en Benavente razonó la democracia participativa con el argumento de que «es el vecino el que elige el alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde». No se entendió entonces, porque los genios siempre se adelantan a su tiempo. Pero siete años después ha llegado el regidor de Villablino, Mario Rivas, para darle la razón con una «consulta/encuesta/proceso participativo de decisión común» en el que los habitantes del municipio decidieran si aceptan los 544.000 euros que les ofrecía Turespaña por renunciar al Parador: el proyecto que publicitó Zapatero como revulsivo para la comarca. El cheque se proponía como indemnización por haberles derribado las antiguas escuelas, reído de ellos durante 8 años con sucesivos anuncios del proyecto, que no pasó de los dibujines del cartelín ahora desleído por el sol que queda en el solar como recuerdo de la infamia, y abandonado desde que hace 10 años el Gobierno, primero con el PP y después de nuevo con el PSOE, reconociera que había sido broma. Una decisión difícil no puede tomarla cualquiera. Entonces, el alcalde de Villablino quiere que sean los vecinos el alcalde.
Aunque no muchos quisieron serlo. Apenas un 3,25% del padrón respondió a la «encuesta», que tuvo un coste de 4.000 euros, no para pagar a los vecinos por hacer el trabajo del alcalde y su gobierno, sino para la empresa encargada de gestionarla. La consulta habría tenido más respuesta si el alcalde la hubiera planteado en su momento para reclamar las reversión del suelo de la MSP que debía haber vuelto a titularidad municipal con el cierre del cielo abierto del Feixolín y la caída de Vito Carbone. Pero este suelo ha acabado en manos, entre otros, de la familia del regidor, después de una presunta trama alertada por habitantes de la comarca en la que hay denuncias de todo tipo: amenazas, palizas, hurto de pastos e inmatriculaciones de fincas para hacerse con el control ganadero de la braña de San Miguel, donde campa el clan Rivas, como relata desde hace más de un año en este periódico la incansable Cristina Fanjul. Pero no preguntaban por eso, ni por si los lacianiegos quieren conocer los permisos del desmantelamiento de Coto Minero Cantábrico, cuyo expediente bloquea desde el mandato pasado. En esos casos, al alcalde no le interesa que sean los vecinos el alcalde.