Editorial | Defensa cuestionable para el patrimonio

Lo ocurrido en La Rúa, con las fachadas de edificios protegidos que se han perdido definitivamente, puede servir de ejemplo para analizar hasta qué punto el sistema de protección del patrimonio es eficaz. La propuesta de sanción lanzada desde la Junta, de acuerdo con la legislación, prevé un cargo de 10.000 euros para el promotor del nuevo edificio y de 3.000 euros para el Ayuntamiento de León. Seguro que todo se ha ceñido escrupulosamente a la normativa, al menos en este fase sancionadora. Pero queda la duda de puede resultar incluso barato incumplir la normativa en un campo tan relevante como el patrimonio en vez de asumir los inconvenientes y gastos de respetarlo. Partiendo de la presunción de inocencia, resulta necesario entender que en el caso del promotor se produjo un error técnico. Pero también queda la duda sobre las responsabilidades de las administraciones responsables que dieron de paso la documentación de un proyecto que a estas alturas resulta evidente que presentaba lagunas.