Editorial | Para afrontar la ‘okupación’

Una de las consecuencias de la polémica Ley de Vivienda, impulsa de manera especial por los cargos del Gobierno que corresponden a la cuota de Podemos, es que se da altas de nuevo a la ocupación ilegal de viviendas. Los pasos dados en los últimos tiempos para agilizar el desahucio de los que se hacen ilegalmente con una vivienda se invierten. El conflicto renace y las autonomías han empezado a moverse para intentar ayudar a los ciudadanos. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta anunció ayer la puesta en marcha de iniciativas para ayudar a las víctimas de este nuevo desastre. Juan Carlos Suárez-Quiñones defiende que el gobierno autónomico, frente a una ley de vivienda que favorece la ocupación, desprotege al propietario y permite las expropiaciones de vivienda, tiene que ponerse junto a las personas que se están jugando los ahorros de toda su vida.