La mafia política

Se le ha llamado corrupción, que también, pero sobre todo es política de secuaces: prebendas y privilegios para los sirvientes que con más fidelidad secundan a su amo, es decir, mafia en el más puro sentido siciliano. Ese seguir la lógica del intercambio, del «quid pro quo», del «te debo una», todos la hemos puesto en práctica en alguna ocasión. Lo que ocurre es que en la administración se gestionan caudales públicos. La tentación vive arriba y meter la mano a la caja de todos para ventilarse intereses privados no sólo está mal visto, sino que es delito. Lo que se pone en práctica en la vida corriente incumbe a sus actores, pero lo que se perpetra durante el desempeño de un cargo nos compete a todos y queremos que, además de parecerlo, la mujer del César sea honesta. ¿Hay quién luche por ello?

En principio, no lo parece. Ni los honorables caballeros de la derecha más a la derecha ni los dignos indignados nacidos del reformista movimiento 15M, que además han ocupado ministerios, por hablar de los extremos, que siempre reivindican beber en las fuentes más puras, han llevado al parlamento propuestas firmes para terminar con esta lacra que tiñe de marrón la política nacional. En el centro de los extremos, los partidos de la alternancia, a los que históricamente más han estado apegados los votantes por su teórica moderación, se comportan como bomberos: no en el sentido de apagar fuegos, sino en el de no pisarse la manguera entre ellos. Es ese mismo hoy por ti y mañana por mí. De vez en cuando, un Vera entra en la cárcel o un Camps paga caros sus trajes, pero en conjunto la sospecha de que uno siempre sale de la política más rico de lo que entró sigue bastante vigente entre los españoles de a pie. No dice uno que sea por algo, pero sí que por nada no es. La sabiduría del pueblo no es infusa.

Que todo es más mafioso de lo que creemos lo demuestra, además de la «omertà» o ley del silencio, la imprescindible obediencia debida al capo de turno, a la «cosa nostra» de las siglas: ahí está para ilustrarlo que Pablo López Presa, que dirigió el Instituto Leonés de Cultura sin apenas críticas, esté fuera de la Diputación por —según las fuentes más fiables— «no ser un hombre de partido».