La verdad y los jueces en la diana
Decía Jean Cocteau que «una mentira a medias nunca puede ser considerada una media verdad». Pedro Sánchez es un prestidigitador de la verdad, del cambio radical de opinión, del abuso del poder para garantizarse la permanencia en el poder, del ataque a los otros para defender sus cambios de criterio, de entrega a los que quieren acabar con la Constitución y la Monarquía disfrazándola de «absoluto respeto a los valores constitucionales». Mentir, mentir y mentir, sin el menor pudor.
Un «no nos merecemos un Gobierno que nos mienta», le sirvió al PSOE para ganar unas elecciones y la mentira le sirve ahora para seguir en el poder, beneficiando a delincuentes, dividiendo en dos a un país y radicalizando la confrontación entre ciudadanos. La ventaja de Sánchez es que no le cuesta mentir, lo hace con profesionalidad. No hay ni una sola voz crítica dentro del partido. Y, además, hay mucha gente que le cree.
En su discurso de investidura, habló poco de la amnistía -sin la cual no sería presidente- y nada de los graves ataques y amenazas a la independencia de la justicia -que es la otra clave del acuerdo con los independentistas, sin los que tampoco sería presidente-. No ha habido en toda la etapa democrática una protesta cualificada tan masiva contra los ataques a la Constitución y a la justicia, tantos colectivos manifestando su radical oposición a las medidas que va a tomar el Gobierno. Comparar, además, esta amnistía con la del 77 es un insulto al consenso y al sentido común de entonces.
Desde el Tribunal Supremo al Consejo General del Poder Judicial o al Consejo Fiscal, pasando por las asociaciones de jueces y fiscales, jueces decanos, colegios profesionales, despachos de abogados, empresarios, policía nacional, guardia civil, funcionarios públicos, instituciones unánimes en la condena. La amnistía, los ataques a la independencia judicial, la mutación de la soberanía nacional en soberanía popular y la desigualdad de los ciudadanos ante la ley son un claro ataque a la Constitución, a la seguridad jurídica y a la independencia judicial.
En todo caso, los problemas vendrán ahora, cuando los socios del Gobierno empiecen a exigir al Gobierno el cumplimiento de los pactos. Los firmados y los hablados. Tienen el gobierno en sus manos y si se plantan, el Gobierno caerá. De momento, Junts ya ha dicho que los jueces no podrán «interpretar la ley» y ha amenazado al que lo haga con «acciones legales». Desde medios de información catalanes, como elnacional.cat -que no sería posible sin las subvenciones de la Generalitat-, haciéndose eco de la denuncia de un jurista y ex letrado del Tribunal Constitucional, ha señalado a magistrados a los que acusa de «persecución judicial con el objetivo de inhabilitar al adversario político» a través de procedimientos jurídicos, el ya famoso lawfare . El independentismo ha puesto en la diana a magistrados de la Audiencia Nacional, como García Castellón, del Tribunal Supremo, toda la Sala Segunda que preside Manuel Marchena, como Pablo Llarena y Carmen Lamela, o de Tribunales Superiores de Justicia como Vicente Ríos y Santiago Alba Roca. Ni el Gobierno los ha defendido ni los acusadores han tenido respuesta por parte del Estado.
No es de extrañar. Ministros y ministras del Gobierno saliente -Iglesias, Montero, Belarra- y miembros destacados de los partidos que lo sostienen, han acusado a los jueces de ·inmundicia moral», de «prevaricar», de ser «togas franquistas», «fascistas con toga», de «machistas», de formar parte de «las cloacas judiciales», de «amenazar la convivencia y la democracia». Los jueces están, ellos lo saben, en el punto de mira, en la diana. Como la verdad. Investidura a cambio de impunidad.