Editorial | Morosidad de 30 años en municipios rurales

Han pasado casi tres décadas desde que el Ayuntamiento asturiano de Pola de Lena inició la batalla para percibir el 100% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por el suelo que emplea la AP-66 en lo que en realidad es un negocio. Aucalsa ha cobrado durante este tiempo a los ciudadanos por usar la autopista. Pero, por contra, la concesionaria disponía de un privilegio y no se hacia cargo del total del impuesto. La pugna de los municipios, liderada inicialmente en León por Valverde de la Virgen, ha sido demasiado prolongada.

Una vez más se ha incumplido esa máxima de que la Justicia sólo es justa si llega en tiempo y forma. Ahora, en 2023, todos los ayuntamientos afectados ya reciben el total del dinero que les corresponde. La cifra se aproxima a los cuatro millones de euros. Una cantidad nada despreciable para los presupuestos de Valverde, Santovenia de la Valdoncina, Carrocera, Cabrillanes, San Emiliano, Murias de Paredes, Barrios de Luna, Rioseco de Tapia, y Soto y Amío.