La revuelta de los fiscales
L a decisión de Pedro Sánchez de amnistiar a los imputados y condenados por los delitos cometidos durante la preparación y ejecución de la fallida república de Cataluña se ha convertido en el terreno de una batalla entre el Gobierno y los fiscales que el Ejecutivo no puede permitirse perder. Pero los fiscales tampoco. El primero se juega el imprescindible apoyo de Puigdemont que sostiene la coalición radical populista para seguir en Moncloa. Los segundos se juegan la carrera, en el sentido de mantener su dignidad profesional que se apoya en dos principios: imparcialidad y autonomía.
La Ley de Amnistía es el remate de un rosario de decisiones del Poder Ejecutivo durante la etapa sanchista que han ido achicando el campo de acción al Poder Judicial. Todo empezó con Lola Delgado, una ferviente socialista nombrada ministra de Justicia en 2018 y que, entre otras actuaciones, dejaría al juez Llarena a los pies de los caballos frente a los tribunales belgas. Reprobada tres veces por el Congreso, no tuvo empacho en meter presión sobre la Abogacía del Estado para que descartasen delito de rebelión en el desafío ‘indepe’ al Estado. Año y medio después, Sánchez la nombraba fiscal general del Estado contra toda coherencia profesional y política, agudizando el malestar en la carrera. Mientras tanto aprobaba los indultos a los condenados del ‘procés’ contra el criterio de los fiscales del Tribunal Supremo y la Sala Segunda que dictó la sentencia. El ejecutor fue el nuevo titular de Justicia, Juan Carlos Campo, que sin solución de continuidad pasó a ser designado magistrado del Tribunal Constitucional para escándalo de los que todavía creían que la mujer del César no solo debe ser honesta sino parecerlo. Por el camino, el Gobierno de Sánchez difuminaba del Código Penal los delitos de sedición y malversación.
A estas alturas jueces, fiscales, magistrados salían de sus despachos para evidenciar el rechazo de las injerencias gubernamentales. El PP espantado ante la perspectiva, se negaba a renovar el CGPJ. El resultado es un vacío de nombramientos y el consiguiente deterioro de la imagen de la justicia. Las espadas están en todo lo alto cuando el ‘procés’ de la amnistía está en su tramo final. Los fiscales del Supremo han marcado el terreno apoyando la tesis de indicios de terrorismo en los delitos asociados a la independencia unilateral frente a un fiscal general declarado «no idóneo». Y ha surgido una voz crítica que se pasea por los medios desvelando los atropellos formales a la autonomía e independencia del poder judicial: el fiscal Salvador Viada. Pero Sánchez parece decidido a pasar por encima de las togas.