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En Baltimore, un puente de hierro se ha venido abajo arrollado por un carguero. El piloto del barco había perdido el control debido a un fallo eléctrico, pero le dio tiempo a alertar de lo que ocurría antes de la colisión. Las autoridades cortaron el tráfico en cuanto recibieron la alarma y por eso no estamos hablando de decenas, de cientos de conductores muertos, ahogados en las aguas del puerto de Baltimore.

Los puentes no deberían romperse nunca. Por las vidas que se pierden. Por el daño que dejan en las familias de las víctimas. Y por el símbolo que se va.

Un puente une dos orillas, es evidente. Salva una distancia. Acerca dos posturas. Quizá por eso en las guerras, lo primero que salta por los aires son los puentes. Después viene todo lo demás.

Esta semana está a punto de caer un puente simbólico en Castilla y León; el del decreto de Memoria Histórica aprobado durante el mandato del popular Juan Vicente Herrera. Será un puente roto si el PP —el de ahora— y Vox lo sustituyen por esa Ley de la Concordia que no condena la dictadura de Franco —de hecho, ni siquiera la nombra— y que en el fondo establece una peligrosa equidistancia entre los dos bandos de la Guerra Civil cuando extiende hasta el año 1931 su ámbito de actuación, por mucho que el portavoz popular, Raúl de la Hoz, haya tratado de explicar que la norma no equipara al régimen franquista con la Segunda República; ese intento por modernizar España que chocó con los reaccionarios. Para eso, señor De la Hoz, no hacía falta derogar el decreto de Herrera.

Porque esa mal llamada Ley de la Concordia solo gustará a quienes llevan tiempo tratando de reescribir la historia desde los postulados de la ultraderecha. Porque una norma así, por mucho que incluya la palabra concordia en su articulado, solo alienta el olor a rancio, por no decir otra cosa, que desprenden quienes siguen buscando la forma de legitimar el golpe de Estado de Franco.

Es un puente roto. El de la Transición. Y eso que aquellos días de reconciliación, tras cuarenta años de dictadura, dejaron tantos cabos sueltos —la exhumación de miles de víctimas de la represión franquista— que hicieron necesario el parche de un decreto de Memoria Histórica que ahora está a punto de saltar por los aires.