Para qué sirve el Senado

Algún día, cuando todo este desbarajuste empiece a reordenarse, habrá que pensar en serio en el papel que juega el Senado como presunta Cámara en la que convivan las autonomías. Hoy no lo hacen, y la sesión de este lunes, en la que el Partido Popular, que controla con mayoría absoluta la Cámara Alta, pretendía un debate autonómico sobre la amnistía, es una prueba de ello. Porque no solo no acudirán las autonomías gobernadas por los socialistas, sino que tampoco irán algunos ‘barones’ del Partido Popular, que por lo visto creen que han de atender agendas más importantes. Y ni pensar en que por allí pueda aparecer el lehendakari vasco saliente, claro. Así que es de temer que la sesión aprovechará tan solo al president de la Generalitat catalana, Pere Aragonés, que dará allí su mítin ‘electoral’, que nada tiene que ver, obviamente, con los intereses del Estado, sino todo lo contrario.

A mí, lo de este lunes me lleva a preguntarme una vez más por la utilidad del Senado, que se ha convertido, y nunca mejor dicho que en este caso de la amnistía, en una Cámara ‘retardataria’, pero sin poder para vetar leyes, y tampoco para reunir en debate constructivo a todos los presidentes regionales, que antes, al menos, celebraban allí el debate sobre el Estado de las autonomías. Y que, después, albergaba las sesiones de la Conferencia de Presidentes Autonómicos, que la verdad es que nunca sirvió para mucho y que hoy, ya se ve, sería de imposible realización en este clima de crispación absoluta en el que se desarrolla nuestra política.

La división entre las autonomías de distinto signo político, agravada por la irrupción de algunas actuaciones de Vox en algunos parlamentos autonómicos y en el gobierno de Castilla y León, hace que la crisis del Estado Autonómico aparezca ante nosotros en todo su crudo realismo. Porque ha de añadirse ahora el conflicto generado entre el Gobierno central y algunas comunidades autónomas a cuenta de la Ley de memoria Histórica, un conflicto artificial en el que el presidente Pedro Sánchez quiere involucrar hasta a la ONU.

Súmese al coctel la hostilidad ya tradicional e insalvable entre el Gobierno central y el de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, y podremos tener una radiografía que muestre la gravedad de los males que aquejan, en general, a nuestra organización autonómica. Y conste que no estoy citando siquiera, porque el tema habría que analizarlo por separado, los casos de las dos autonomías históricas por excelencia, la vasca y la catalana, ahora en un proceso electoral que podría redefinir incluso, a medio plazo, su encaje en el conjunto del Estado.

Así, las autonomías se configuran como una quiebra institucional y política de primera magnitud, a sumar a otras quiebras institucionales de indudable relevancia, desde la que afecta a la Justicia hasta la que salpica a algunos medios de comunicación de titularidad pública, pasando por la batalla abierta entre las dos Cámaras del Legislativo. Todo ello se enmarca en la ausencia de una legislación suficiente para defender al Estado, a sus instituciones y a su organización territorial. Comenzando por la propia Constitución, tan solapadamente incumplida tantas veces, tan necesitada de retoques de variada consideración.

Así, y como ejemplo, cabe destacar que los múltiples intentos por reformar los artículos referentes al Senado, sobre todo el 69, quedaron siempre en nada, como en nada han quedado otras variadas propuestas de necesario reajuste de determinados artículos de nuestra ley fundamental. Comenzando, como tantas veces se ha dicho, por el Título VIII, referente a la organización autonómica del Estado, un título al que ni siquiera se ha incorporado aún la enumeración de las autonomías hoy existentes.

Puede que ahora, en vísperas de dos importantes elecciones autonómicas que, ya digo, podrían, especialmente en el caso de Cataluña, hasta tratar de redefinir la estructura territorial española, sea el momento en el que más claras se adviertan las carencias, negligencias y errores de lo actuado durante muchos años. El Estado, comenzando por la propia forma de ese Estado, ha de fortalecerse, definiendo mejor, pero al tiempo ordenando, el papel de las autonomías, de las cámaras legislativas, de los poderes en los que el Estado se sustenta. Es precisa, hace falta decirlo siempre, pero ahora con mayor intensidad, una regeneración política en toda regla. ¿Es este Gobierno, es esta oposición, que andan pensando en muy otras cosas, quienes pueden llevarla a cabo? Cuánto me gustaría poder decir que sí.