Amenaza económica en busca de control

La normativa puesta en marcha hasta ahora ha sido en la práctica absolutamente ineficaz a la hora de controlar la morosidad que atenaza la actividad de las empresas. No solo la que proviene de las administraciones, que es la que al menos se ha contabilizado, sino la que se produce entre las compañías. El Gobierno pone en marcha nueva normativa y publicará una lista negra de empresas morosas; mientras la UE legisla para reducir el período de pago de facturas a 30 días. Un período muy lejano al actual. León, que está entre las provincias que teóricamente cobran en menos tiempo (una media de 70 jornadas) sufre la dictadura de las grandes compañías sobre la necesidad de supervivencia de micropymes y autónomos que forman el 98% del tejido empresarial local. La morosidad, la inflación, el alza de los tipos de interés y las dificultades para lograr créditos (mientras las grandes compañías se financian a costa de retrasar sus pagos) asfixian a los pequeños negocios. Las patronales exigen medidas urgentes. Y con razón.