Derechos en precario

Si hace unos días se presentó el balance anual del Procurador del Común, ayer le tocó el turno al Consejo Consultivo de Castilla y León. Los datos fueron alabados desde la Junta puesto que, en su control sobre los poderes públicos y las decisiones que toman sobre las vidas de las personas, logra un nivel de éxito más que notable. El 96% de sus dictámenes son asumidos por las administraciones afectadas. Cuando Tomás Quintana presentó su informe se anunció la intención de PP y PSOE de activar la renovación del Procurador, que lleva demasiado tiempo en funciones por la falta de acuerdo político. El conflicto va más allá, puesto que afecta a esos otros órganos dependientes de las Cortes autonómicas que velan por los derechos de los ciudadanos. El bloqueo del socialista Luis Tudanca impide que vuelvan a la normalidad unos entes que actúan en esa precariedad que siempre supone estar «en funciones» y que en el fondo parece una falta de respeto hacia las personas que ocupan los puestos y que suelen estar avalados por un prestigio sobresaliente.