Diario de León

Al día Rafael Torres

El cisma de Ayuso

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Por mucho menos, a las monjas cismáticas de las trufas las han excomulgado. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sin embargo, sigue tan campante tras haber abandonado la recta senda de la ley. La del decoro político, hace mucho que la abandonó. Las clarisas de Belorado se fueron, por un quítame allá un pelotazo inmobiliario, con un obispo «fake», y la todavía presidenta de la Comunidad de Madrid se ha ido con el presidente argentino, Javier Milei, un político igualmente «fake», en su enloquecida carrera hacia no se sabe dónde. Bueno, sí, a la sede de Génova primero, a la Moncloa después.

Ocioso es abundar en la conculcación que hizo de varias normas y preceptos constitucionales con la mamarrachada de la medallita al panoli de la motosierra, ese estólido individuo al que el neofascismo de la ultraderecha adora, pero acaso no sería tan ocioso preguntarse si ésta señora tiene bula para hacer y decir cuantas enormidades le vienen a las mientes y cuantas su consejero aúlico le susurra al oído. ¿Supone acaso que su empleo en una administración regional le faculta para despreciar aquello que a los demás obliga, el respeto a las leyes y a las instituciones democráticamente establecidas? Diríase que sí, que tiene bula, lo cual le permite desde llamar hijo de puta al presidente del Gobierno de España, hasta condecorar al presidente de un gobierno extranjero en agradecimiento por llamarle cosas parecidas.

A uno le es indiferente cómo pueden afectar a la consolidación de Feijóo los desbarramientos de Ayuso, pero no su insumisión a las normas más elementales no ya de la política, sino de la mera convivencia, por no hablar de la lealtad a la nación y a su ordenamiento exigible a cualquier político que cobra por servirla con lealtad precisamente. Cuando en 2022 se negó a aplicar las medidas de ahorro energético presentadas por el Gobierno, ya tonteó con el artículo 155 de la Constitución Española, ese que le gustó tanto para Cataluña, pero el 155, el que prevé la intervención de un gobierno regional si este atenta contra la Constitución o si actúa contra el interés general de España, sigue ahí, y convendría recordárselo a quien corresponda.

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