Buen acuerdo, pronóstico reservado
H ay que felicitarse por el acuerdo PSOE-PP que pone fin al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial en España, los dos partidos que dejaron pudrirse durante cinco años el modelo actual y que no hubiera sido posible sin la mediación de la Unión Europea. Los dos partidos se han repartido, mano a mano y sin transparencia, la elección de veinte profesionales -ningún abogado, pese a lo que ordena la Constitución-, con currículos respetables aunque de marcada ideología o dependencia, de un listado elaborado en 2018, y por lo tanto, desfasado.
Y se ha avanzado ligeramente en el propósito de despolitizar la justicia con algunos acuerdos que ponen coto a la invasión política desmedida. El nuevo Consejo tendrá que proponer antes de seis meses una reforma del sistema de elección que nos alinee con Europa y que permita la elección directa, aunque sea parcial, de vocales por los propios jueces, -aunque quien decidirá será el Congreso- y se pone coto al nombramiento de un fiscal general procedente de la política.
Es un paso adelante, aunque no hay que pecar de optimistas. Han sido más de 2.000 días de vulneración del Estado de Derecho. Es prudente sospechar. En primer lugar, porque la reforma queda en manos de Pedro Sánchez y de sus socios en el Gobierno y en el Congreso, ninguno de los cuales es favorable, entre otras cosas porque han sido excluidos de la negociación. En segundo lugar porque fiarse de la palabra del presidente es jugársela.
El mismo día del acuerdo, el testaferro de Sánchez, Patxi López, se apresuraba a decir que los jueces no van a decidir nada. En tercer lugar porque los dos partidos se han apresurado a decir que el presidente será elegido «libremente» por los vocales, otra gran mentira. Sí es cierto que se ha dinamitado la posibilidad, real y cercana, de que Pedro Sánchez acabara con la independencia judicial y la separación de poderes mediante reformas inconstitucionales y contrarias a lo que exige Bruselas.
Por lo menos, de momento. En todo caso, la justicia sigue con «pronóstico reservado» con un Tribunal Constitucional que se ha convertido en un Tribunal de Casación del Tribunal Supremo, lo cual no sólo es un disparate anticonstitucional sino una agresión al Estado de Derecho. Es inconcebible que los once magistrados, de reconocido, o no tanto, prestigio voten 7 a 4 todas las decisiones importantes, especialmente cuando se refieren a asuntos que afectan al Gobierno, sin ninguna discrepancia, cuando son asuntos que, cuando menos, dividen en dos a los expertos.
Es inconcebible que dos magistrados que han tenido recientes responsabilidades de Gobierno no se abstengan en asuntos en los que fueron parte. Es inconcebible que el presidente del Tribunal se abstuviera «por responsabilidad» en un asunto cuando era vocal del Poder Judicial y ahora vote, por supuesto a favor de los intereses del Gobierno, sin reparos en el Constitucional. Un expresidente de este alto organismo ha dicho que «quien tiene que proteger al TC y a la independencia del Poder Judicial es el Gobierno». Y da la sensación, por ser suave, de que es el Gobierno el que controla el TC para que le proteja de sí mismo.
Pero la justicia tiene muchos más problemas que el Consejo del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, siendo éstos muy importantes. Es imprescindible blindar al fiscal general, hoy absolutamente desprestigiado, del poder político y eso, ahora mismo, es impensable. Hay que acabar con la mala práctica legislativa y con leyes que son un experimento sociológico sin fundamento jurídico.
En todo caso, precaución, mucha precaución. Si Bolaños sonríe, cuidado. Si Sánchez aparenta haberse tragado un sapo, atención. No hay que fiarse de equipos tramposos ni de árbitros caseros. Y, hoy por hoy, todos llevan el carné del que manda.