Debilitar al Estado
A la deslealtad constitucional los separatistas suman la insolidaridad más obscena. Con nuevas reclamaciones que cada día pretenden arrancar una nueva parcela de su fuerza al Estado. Lo permite la debilidad parlamentaria del PSOE y la ambición política de Pedro Sánchez.
Ahora los partidos independentistas catalanes reclaman una financiación singular para Cataluña ignorando el marco legal y pasando por encima de las dificultades del momento. Junts y ERC disputan entre ellos para dilucidar quien queda mejor ante sus respectivas parroquias. La hipotética elección de Salvador Illa como presidente de la Generalitat depende del apoyo de ERC en el «Parlament» y los republicanos exigen una financiación equiparable a la que se deriva del cupo vasco pero, desde Waterloo, el prófugo Puigdemont, que aspira a ser él el presidente, reclama la medalla por haber sido el primero en arrancarle a Pedro Sánchez esa concesión.
Y, para demostrarlo, amenaza con publicar las actas de las infames negociaciones mantenidas en Suiza (Santos Cerdán, Puigdemont y el mediador internacional Galindo) en las que el PSOE se comprometía a modificar la ley de financiación de las CCAA para ceder el 100% de la recaudación tributaria a Cataluña. La insolidaridad más lacerante en medio de los problemas sociales que nos acucian: dos millones ochocientos mil parados y doce millones trescientos mil ciudadanos en riesgo de pobreza y exclusión. Por no hablar de la situación por la que atraviesa la Sanidad pública por falta de personal y los retrasos insoportables en las listas de espera.
Frente a este panorama de problemas por resolver provoca irritación observar que el debate político gira alrededor de las exigencias de ERC y Junts y ver con cuanta delicadeza responde Pedro Sánchez a los portavoces parlamentarios de los separatistas que plantean sus exigencias con una arrogancia insoportable. Sánchez es seráfico con aquellos a quienes acaba de regalar una ley de amnistía que borra los delitos perpetrados durante el «procés» porque depende de sus votos. Es tal el grado de servidumbre política que se desprende de la ambición de poder del presidente del Gobierno que parece dispuesto a seguir debilitando al Estado con tal de seguir en La Moncloa.