A vueltas con la ley de eutanasia

P oco después de entrar en vigor la ley que despenaliza la eutanasia en nuestro país, escribí un artículo en estas mismas páginas en el que hacía una primera valoración tanto de la ley como de las circunstancias en las que se había aprobado en el parlamento. Si, en principio, me mostraba de acuerdo con la existencia de una ley que regulara la eutanasia de forma garantista, el momento de su aprobación, en medio de una pandemia, no me pareció el más adecuado. Posiblemente, escribía entonces, el gobierno y los parlamentarios que apoyaron la ley, querían transmitirnos la idea de que, pese a la gestión a veces errática que se había hecho de la pandemia, sin embargo, para nuestro consuelo, teníamos una ley que despenalizaba la eutanasia. Las preocupaciones de los españoles entonces estaban más centradas en la pandemia y en sus secuelas que en la eutanasia.

Han pasado ya algo más de tres años desde que entró en vigor dicha ley y, de nuevo, me gustaría aportar algunas reflexiones al respecto.

Si comparamos las dos vías tan dispares en las que Holanda, primer país en despenalizar la eutanasia, y el que ha recorrido el nuestro, se podrían constatar grandes diferencias. En Holanda el debate comenzó, entre otros hechos, a raíz de que la doctora G. Postman van Boven se auto inculpara, en el año 1971, por haber provocado la muerte de su madre, enferma terminal y que había expresado reiteradamente el deseo de poner fin a su sufrimiento. En el posterior juicio fue condenada, de forma simbólica, a una semana de inhabilitación para ejercer la medicina y a un año de libertad condicional. En el largo proceso de deliberación democrática previo a la aprobación de la ley en el año 2001, la sociedad holandesa en su conjunto (ciudadanos, asociaciones médicas, jueces y políticos) fueron avanzando progresivamente hasta finalizar en una ley aprobada por la mayor parte de todos los parlamentarios del arco político. Una ley que, en la actualidad, sigue contando con el apoyo de casi el 90% de la ciudadanía, de los médicos y de la clase política.

En nuestro país, el caso más parecido al de la doctora Postman fue el de Ramón Sampedro. Ramona Maneiro, la mujer que, asesorada por expertos, le ayudó a morir, sólo confesó su participación cuando los presuntos hechos delictivos habían prescrito. Si hubiera sido juzgada, hubiera sido condenada a prisión. Nuestra justicia es, sin duda, más punitiva, menos comprensiva y compasiva que la holandesa.

Otro dato significativo está relacionado con el debate sobre la eutanasia en la Alemania nazi. En Holanda, la alargada sombra del nazismo estuvo presente en el debate sobre la ley, mientras que aquí, por el contrario, su ausencia ha sido clamorosa y, más bien, se ha utilizado como arma arrojadiza contra el adversario político. Varios ejemplos lo ponen de manifiesto. Cuando el director de cine A. Amenábar rodó la película Mar Adentro, sobre la vida y la muerte de Ramón Sampedro, los líderes de opinión situados a la derecha no tardaron en establecer una analogía con otra que se había rodado en Alemania por inspiración del ministro de la propaganda, Joseph Goebbels, con el título Ich klage an (Yo acuso). Un verdadero dislate porque esta última se hizo al dictado de Goebbels y en un momento en que se estaba matando en secreto a los enfermos mentales considerados incurables. La película de Amenábar, creo, sólo obedeció a su instinto cinematográfico al considerar que esa historia personal podía convertirse en una obra de arte de valor universal.

Algo parecido ocurrió con la acusación vertida desde el gobierno de la Comunidad de Madrid contra el jefe de Urgencias del Hospital de Leganés, el doctor Luis Montes, por practicar en su servicio «eutanasias masivas». Doctor Muerte, doctor Mengele o jefe de la Aktion T4 hitleriana fueron algunos de los apodos que recayeron sobre él y a quien, posteriormente, la justicia absolvió de los delitos que se le imputaban.

Con el número de muertes desmesuradas de personas mayores ingresadas en residencias durante la pandemia de Covid-19 y tras conocerse la existencia de un protocolo elaborado por la Comunidad de Madrid prohibiendo la derivación al hospital a los residentes con patologías psiquiátricas o neurodegenerativas, salieron en tromba los de la izquierda a establecer la fácil analogía entre esos lamentables hechos y lo ocurrido en la Alemania nazi. Uno de ellos llegó, incluso, a hablar de la Aktion S7, haciendo un paralelismo entre el trágico destino de los ancianos de las residencias madrileñas con el de los enfermos mentales gaseados en los manicomios alemanes, bajo el nombre encubierto de la Aktion T4, así llamada porque su sede central se encontraba en el número 4 de la calle Tiergarten de Berlín. La Aktion S7 se debería al hecho de ser esta dirección, el número 7 de la Puerta del Sol de Madrid, la sede donde se concibió el llamado Protocolo de la Vergüenza. Otra desmesura, protagonizada ahora por la izquierda.

Aunque hacer analogías con el pasado siempre resulta arriesgado, diré que lo más parecido entre lo que ocurrió en las residencias de ancianos madrileñas y las distintas modalidades de la eutanasia nazi es con la denominada Aktion Brandt. Cuando los aliados comenzaron a bombardear las ciudades alemanas, el doctor Karl Brandt, en quien Hitler había delegado la ejecución de la eutanasia, asumió la tarea de racionalizar la asistencia médica de todos los afectados. Como los hospitales estaban colapsados tanto por los heridos en los distintos frentes de batalla como por los de los bombardeos de las grandes urbes alemanas, el doctor Brandt ordenó que a los heridos graves y con escasas posibilidades de recuperación se le aplicara la eutanasia mediante una dosis letal de barbitúricos. Brandt sería, más tarde, condenado a muerte en el juicio de Núremberg contra los médicos nazis.

Y para terminar, una última reflexión. En Holanda cada año se acogen a la ley de eutanasia varios miles de personas en una población de unos 17 millones de habitantes. En los tres años que llevamos aquí con la ley de eutanasia en vigor, apenas sobrepasa el medio millar los casos que se han podido acoger a la ley. Problemas de objeción de conciencia de los médicos, una burocracia excesiva y múltiples trabas administrativas ponen de manifiesto la superioridad moral de la sociedad holandesa con respecto a la española, al menos en lo que concierne a aplicación real de la ley de eutanasia. La situación actual es insostenible porque afecta al sufrimiento desgarrador de personas al final de su vida. Se necesita más reflexión y mesura y menos crispación y enfrentamientos absurdos. Y, si se hacen analogías con la eutanasia nazi, deben estar basadas en el conocimiento.