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Dice la sabiduría que el tiempo da razones y eso parece que se cumple con la familia del policía leonés Gabi San Martín. Han tenido que pasar casi nueve años para que se reconozca lo que siempre ha defendido su familia. Que se habían desatendido los requerimientos para la mejora de la seguridad en la embajada de Kabul. Y también se hace justicia frente a la actitud de desprecio que existió entre los propios dirigentes de la legación, a los que las víctimas salvaron la vida durante el atentado de diciembre de 2015, y que no tuvieron ningún tipo de consideración hacia la memoria de unos auténticos héroes. Ahora, la Audiencia Nacional ha concluido que el Estado tiene responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios derivados del ataque en Afganistán. Le condena a indemnizar a las viudas e hijos de los dos policías nacionales asesinados, así como a otros cuatro agentes víctimas de la acción terrorista. La sentencia tiene en cuenta los perjuicios patrimoniales y secuelas psíquicas padecidas. Se desoye a la abogacía del Estado, que reclamó que se desestimase la demanda.

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