Amenaza fantasma

Una semana antes del 18 de julio, Vox decidió salir de los gobiernos autonómicos en los que participaba junto al PP, incluido esto. La fecha, popular porque coincide con el tiempo en el que se paga la extra de verano, la celebró el partido de Abascal por adelantado con la renuncia a sus cargos ejecutivos después de que en los dos últimos años y medio hubieran logrado que «las cosas funcionen mejor que antes Castilla y León». Las comillas son suyas, y la apreciación también, pero por si acaso, no se diera el tema de que ya funcionara mucho mejor todo y nos diéramos cuenta el resto, consideraron que las responsabilidades que habían contraído quedaban por debajo de sus prejuicios xenófobos. «No queremos gobernar a cualquier precio», aclaró Carlos Pollán, quien en cambio se quedará como presidente de las Cortes, una de las contrapartidas del pacto, porque casi 100.000 euros de sueldo al año, más coche oficial y atenciones, no es un precio cualquiera.

La salida intenta devolver a Vox extramuros del sistema. Los extremeños se tocan y, como en el caso de Podemos, la formación de Abascal levanta más pasión por las expectativas generadas desde la oposición que por las realidades consumadas cuando gobierna. Durante este tiempo, su papel se ha limitado a levantar la mano cuando tocaba, reclamar la cuota de atención pública para que pareciese que mandaban, reñir en alto de vez en cuando para que se les oyera y mantener el equilibrio de poder autonómico: las inversiones en infraestructuras para que se implanten empresas que consagren el desarrollo industrial se ejecutan en Castilla y las medidas para poder contar con un parque temático de la naturaleza y el ocio se reservan para León. Nada ha cambiado. Ahora Alfonso Fernández Mañueco se queda sin coartadas, pero se libera de peajes, incluidos los dos consejeros de Vox que le ofrecieron quedarse pero a los que destituyó, y la más de una veintena de cargos de libre elección que cambió por sueldos para los propios. No hay obstáculo que detenga al presidente de la Junta del PP, ni freno que condicione su postura en el equilibrio de votos para el que dispone de la libertad de prorrogar los presupuestos de la legislatura. El problema pasa al PSOE, que necesita una excusa para dar cuerda al antagonista con el que atizar el miedo en el que justificar la posición en las trincheras del no pasarán. La amenaza fantasma avala el gobierno de Mañueco.