La semana de Cataluña, de Illa y de Sánchez
S i las partes cumplen con su calendario, debería ser a finales de esta semana cuando se anunciase el acuerdo, o no, entre los negociadores de Esquerra y los del Gobierno central para llegar a la formación de un Govern en Cataluña con Salvador Illa en la presidencia. Son, naturalmente, las cesiones a los de ERC, a cambio de su apoyo a Illa, el punto que encona no solo la negociación, sino todo el entramado autonómico del Estado español, nada menos.
Almorzaba en Zaragoza con Javier Lambán, entonces —corría el año 2017— presidente del gobierno autónomo de Aragón, justamente el día en el que estallaron las relaciones con el Govern catalán a cuenta de los juegos olímpicos de invierno de 2030, que se planteaban conjuntamente desde Aragón y Cataluña. El presidente aragonés me habló, creo que con toda sinceridad, de lo imposible que resultaba una negociación con las instancias oficiales catalanas.
Acabo de leer una entrevista con el expresidente, apartado casi por completo de la política, enfermo y lúcido en su crítica global al Gobierno del correligionario Sánchez, en la que Lambán dice: «el PSOE debe mirarse al espejo y saber que no se puede entregar España a cambio de Cataluña». Me pareció una buena frase para prologar un comentario sobre lo más importante que seguramente podría ocurrir esta semana.
La negociación entre ambas partes no se lleva a cabo con demasiada transparencia, pero sí se sabe que el gran conflicto, en el área de la financiación, es que el Gobierno central ofrece al muy provisional Govern catalán, que tiene a su presidente dimitido, la creación de un consorcio que englobe a las agencias tributarias de la Generalitat y del Estado, de manera que ambas negocien bilateralmente, al margen de las otras autonomías. Y ofrece también la condonación de una deuda con el FLA de quince mil millones, una medida que, esa sí, el Estado tratará de extender a otras Comunidades Autónomas.
Pero resulta que ERC no acepta este consorcio sino que exige un concierto, con su cupo, semejante a los que tienen el País Vasco y Navarra. Es decir, la cuasi independencia financiera, tan mal vista por el ojo vigilante de la Unión Europea. También el traspaso de alguna línea ferroviaria de cercanías o el mantenimiento en sus puestos de algo más de dos centenares de funcionarios independentistas –también colocados por Junts— en las instancias oficiales.
Ignoro si Sánchez podría, haciendo juegos malabares, acceder a las pretensiones de ‘financiación singular’ de ERC, que, a su vez, necesita que han logrado algo a cambio del acuerdo para investir a ‘un socialista’. Algo que desde el otro frente independentista, Junts, combaten con saña: o Puigdemont president (algo a estas alturas imposible) o ruptura total de la baraja, lo que acaso pueda incluir una incursión del fugado de Waterloo en territorio catalán, o sea, español, arriesgándose a ser detenido y entonces todo, confía el inspirador de Junts, volaría por los aires.
Comprendo perfectamente que las peripecias políticas catalanas tengan ya aburrido al resto del país y que la ciudadanía se escandalice de que de lo que decida una mayoría de los ocho mil militantes de Esquerra dependa el futuro de la gobernación (y de la estabilidad) en Cataluña y, posiblemente, en todo el país. Porque Sánchez, que este martes (no) celebrará demasiado el año más polémico de su existencia, el transcurrido desde las elecciones generales del 23 de julio de 2023, necesita ponerse una medalla, no olímpica precisamente, con una victoria en Cataluña, la de Salvador Illa. Hay bastantes indicios que indican que podría conseguirlo. Pero ¿a qué precio y con qué consecuencias? Temo que en el PSOE nadie se lo vaya a preguntar a Lambán, claro. Ni a García-Page, ni a usted, ni a mí, ni...