Políticos al autobús

Viajar en transporte público por la provincia de León es una experiencia que no se debería perder ningún político o política y, sobre todo, el presidente de la Junta de Castilla y León. Salir de la zona de confort de los coches oficiales y acercarse a una estación de autobuses como un viajero normal y corriente le daría unas tablas sobre el mundo rural que ningún asesor puede igualar con argumentarios llenos de tópicos sobre la España olvidada.

Los parlamentarios y procuradores leoneses que viajan en Ave a la capital de España y a Valladolid también deberían disfrutar de esta experiencia de calma pero no exenta de aventuras. Sobran salvadores del mundo rural que no saben ni dónde quedan los pueblos de los que hablan porque llegan con chófer y van conectados al mundo a través de sus móviles. Debe ser un horror cuando entran en zonas sin cobertura y sus aparatos se quedan in albis a la espera de la señal que nunca llega para los habitantes que resisten al invierno con un déficit de servicios públicos que impacta no sólo en su movilidad, sino también en la salud, la educación y el bienestar.

Las anticuadas concesiones que se remontan a los primeros coches de línea merecen una revisión con criterios no economicistas

Si los políticos viajaran en autobús o en los escasos trenes de cercanías que atraviesan León comprobarían que hay líneas que tienen que ser servidas, de manera esporádica o casi continua, por taxis; otras que circulan con enormes autobuses que van prácticamente vacío o trenes entre Ponferrada y León que tienen que esperar media hora en Quintana Raneros para poder llegar a su destino. A la mayoría de los pueblos, ya no llegan servicios regulares. El transporte a la demanda, con sus restricciones, es la única posibilidad para muchas personas que carecen de coche o ya no conducen por la edad. Algunos municipios, como Valderrey, han cogido el toro por los cuernos y han organizado su propia red de transporte para facilitar el acceso a los servicios sanitarios, al mercado de Astorga y a las actividades sociales y culturales. Es sin duda un buen ejemplo a seguir y que se debería potenciar desde las instituciones, de la Diputación para arriba. Pequeñas redes de transporte comarcales que hagan más vivible el mundo rural cuando el verano lo vacía de visitantes y turistas.

¿Por qué se ignora la movilidad en el medio rural como un derecho ciudadano de primera necesidad?

Las anticuadas concesiones que se remontan a los primeros coches de línea merecen una vuelta de tuerca para adaptarse a las condiciones actuales de vida pero no por criterios de rentabilidad económica, sino de bienestar social. Dar servicios es rentable si se plantea como una forma de generar oportunidades de residencia y de empleo. Es una pena que los políticos estén ensimismados con las falacias del turismo. Venden la provincia como un producto de mercado y se olvidan de los derechos de ciudadanía que obligan a que el Estado preste los servicios a todas las personas por igual.