Un proceso constituyente

Si es posible gobernar sin el apoyo del poder legislativo, es decir, sin el Congreso donde reside la soberanía de la nación, también podría ser posible poner en marcha un proceso de reforma constitucional para modificar la Carta Magna, sin tener en cuenta lo que digan los grupos parlamentarios. Sería una especie de proceso desconstituyente o paraconstituyente.

La amnistía y la separación de Cataluña del régimen común son dos reformas que modifican de facto la esencia constitucional sin que se hayan activado los mecanismos previstos para su reforma. Si el propósito del presidente del Gobierno es, como dice ERC y admiten sotto voce distinguidos socialistas, separar a Cataluña del régimen común de financiación, previamente habría que modificar la LOFCA, una ley Orgánica.

Frente a la ley ordinaria, una ley orgánica requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. Y no se puede trocear sino que el voto deberá ser sobre el conjunto del proyecto aprobado.

Si el objetivo es avanzar hacia un estado asimétrico o federal y cambiar el modelo de estado autonómico, hay que pasar obligatoriamente por una reforma de la Constitución. Para rebasar los topes legales de recaudación fiscal en las autonomías y poner en marcha un modelo como el que se está sugiriendo desde el Gobierno a fin de que las autonomías puedan recaudar hasta el 100% de los impuestos, se precisa también una reforma legal de mucho calado. Hacerlo a partir de un decreto ley, sin contar con las Cortes, sería como abrir un proceso «desconstituyente» y por tanto ilegal.

Además, la realidad económico-financiera de España evidencia que al 70% de los territorios no le saldrían las cuentas para financiar, con ese volumen de recaudación y sin ayuda del Estado, ni la sanidad, ni la educación, ni los servicios sociales. A no ser que el nuevo estado asimétrico establezca que los ciudadanos, en función de su residencia en una u otra región, tendrán derechos de primera, segunda o tercera.

Gobernar o mandar, sin necesidad de pasar por el legislativo, no es ilegal, pero tomar decisiones que afecten a los principios constitucionales de igualdad y modelo de estado, sin el aval del Congreso y del Senado, simplemente no es democrático.

En un régimen de democracia representativa, no es viable mantenerse durante toda una legislatura sin contar con una mayoría suficiente para aprobar en las instituciones parlamentarias un paquete de textos legales que proyecte en la sociedad el programa del partido ganador de las elecciones o de la suma de los partidos de una coalición.

Por tanto, la voluntad de Sánchez de agotar su mandato, con o sin el apoyo del poder legislativo, no es creíble.