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Asuntos fundamentales como la financiación, que decide la capacidad de las autonomías para atender la educación, la sanidad o el bienestar social, siguen a la espera de que llegue la luz y los taquígrafos. El Tribunal Supremo deberá revisar en los próximos meses los recursos presentados por las comunidades autónomas gobernadas por el PP, entre ellas Castilla y León, contra la «inactividad» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no convocar la Conferencia de Presidentes. Fuentes jurídicas informan que en julio se dio un plazo de veinte días hábiles al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para que aportase el expediente relativo a la convocatoria de ese órgano. Como agosto es inhábil antes de finalizar septiembre deberá contestar.