La violencia económica, también un delito

La violencia económica que se ejerce contra los menores en procesos de divorcio de los padres está incrementándose en los últimos años en León, pero la ley sigue considerándolo un delito de coacciones, con un tratamiento penal que los abogados consideran insuficiente a todas luces. El Consejo General de la Abogacía acaba de proponer que el impago de las pensiones establecidas para los hijos se considere también violencia vicaria, con lo que la exigencia a los progenitores que incumplen sus obligaciones y las penas a las que pueden enfrentarse se incrementarían considerablemente. Sólo en la provincia la Fiscalía registra en los últimos ejercicios una media de un centenar de casos en los que los padres que se niegan a cumplir con sus obligaciones económicas tras la separación han acabado ante el juez. Los abogados leoneses consideran que en estos casos debe ejercerse la actuación de oficio, y tomar medidas más contundentes para frenarlos.