Abolicionismo contra la trata y explotación sexual de mujeres y niñas

E l Día Internacional contra la Explotación Sexual, la prostitución y la Trata de personas se conmemora hoy 23 de septiembre, como cada año desde 1999. No es más que el reconocimiento internacional de la existencia de un delito criminal de dimensiones pandémicas.

Hace apenas un año, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución para avanzar hacia la abolición de la prostitución en todos los países de la Unión, con el fin de defender los derechos humanos de miles de mujeres y niñas. De este modo se optó por perseguir y penalizar la compra de actos sexuales, cargando la estigmatización y la vergüenza sobre los puteros y quienes se lucran de la prostitución ajena, aunque sea consentida; e implementar programas para que las mujeres en situación de prostitución puedan salir de ella con derechos y recursos. Fue votado a favor por los europarlamentarios/as españoles de los partidos Socialista y Popular, además de 7 votos de otros partidos políticos, mientras otros minoritarios votaron en contra o se abstuvieron.

Incomprensiblemente y en contra de lo aprobado en Europa 2024, el Parlamento español rechazó el trámite de una proposición de ley orgánica contra el proxenetismo, presentada por el Grupo Socialista, con el voto en contra de la oposición Popular y la mayoría de otros partidos. La proposición ni siquiera implicaba la abolición de la prostitución, pero sería bienvenido cualquier avance normativo que contenga medidas contra el proxenetismo y los puteros además de corregir en parte la situación de las mujeres prostituídas.

A mayores nos encontramos en los tribunales con actuaciones completamente lamentables, ya sea por sentencias con penas irrisorias, prescripción de delitos e incluso acuerdos entre la Fiscalía y los encausados que permiten a estos librarse de la cárcel u obtener rebajas penales. Así ha ocurrido en casos como la operación Carioca en Lugo o más recientemente con 7 empresarios de la región de Murcia que se libraron de la cárcel a pesar de admitir su participación en una red de explotación sexual de mujeres menores y haber pagado por mantener relaciones sexuales con ellas. De nuevo los acuerdos se interponen en el camino de la justicia para las mujeres agredidas por hombres.

A mayor abundamiento, en días recientes la ministra de Igualdad nos avanzó algunos resultados de un macroestudio sobre trata, explotación sexual y prostitución de mujeres, donde se concluye que en 2023 hubo en España 114.576 mujeres en situación de prostitución, señalando que es un estudio pionero en Europa. Pero lo verdaderamente pionero hubiera sido que nos dijeran el número de puteros cuya demanda provoca la existencia de mujeres en dicha situación. Sin perjuicio de la relevancia de disponer de datos, lo cierto es que sin demandantes no hay prostitución. Si no hay prostitución, no hay trata. Si no hay trata, no hay proxenetas. Si no hay demanda, ni prostitución, ni trata, ni proxenetas, viviremos en un mundo mejor. Así pues, debemos centrar las medidas en la raíz del problema, es decir en erradicar la demanda.

La prostitución es la prueba más evidente de la estructura profundamente patriarcal de todas las sociedades; refleja la desigualdad que sufren las mujeres y facilita el ejercicio de la dominación y violencia sobre ellas, sobre nosotras. En nuestras sociedades neoliberales la prostitución muestra cómo las mujeres pueden ser adquiridas como cualquier otro objeto de mercado. Como explotación sexual que es, la prostitución es un asunto político y como tal debe abordarse. No es posible una sociedad justa a partir de una estructura de desigualdad en la que la mitad de la humanidad, que son las mujeres, siempre se lleva la peor parte. El abolicionismo de la prostitución nada tiene que ver con un neopuritanismo o neoconservadurismo. De hecho, estas acusaciones no hacen sino apoyar y reforzar al lobby proxeneta y a los puteros.

En su ya larga trayectoria, el feminismo siempre pensó la prostitución como un problema, como un mal social que debe ser erradicado. No actuar para eliminar la explotación sexual significa contribuir a reproducir y perpetuar la subordinación de todas las mujeres.

Así pues, las mujeres necesitamos un marco legislativo que permita:

• El objetivo primordial de la reparación integral de las mujeres prostituidas y supervivientes de la prostitución, a quienes el Estado, por acción u omisión, y la sociedad, les debe el desagravio de haber tolerado y promovido la vulneración de sus derechos fundamentales a la integridad física y psicológica, a la indemnidad, a la seguridad y a vivir una vida libre de violencia.

• Genera la conciencia colectiva de que la prostitución es un ejercicio de violencia patriarcal incompatible con el principio de igualdad entre mujeres y hombres.

• Desarrollar todas las medidas posibles (penales, administrativas, institucionales,…) para desmantelar la industria del sexo, combatir el proxenetismo y desactivar la demanda.

Necesitamos un texto legislativo que modifique el actual marco legal, para asegurar derechos a las mujeres supervivientes y en situación de prostitución; para impedir que quienes promocionan la explotación sexual sigan recibiendo dinero público; para modificar leyes de «seguridad ciudadana» que siguen multando a las mujeres prostituidas. En definitiva, necesitamos una actuación integral contra el sistema prostitucional que condena a muchas mujeres a la esclavitud, a violencia extrema y nos condena a todas a la categoría de ‘mercancía’. Necesitamos una ley que cambien esto y no nos conformamos con menos. Le recordamos al presidente Sánchez, que desde el año 2020 tiene en sus manos una elaborada propuesta de Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional —LOASP—, cuyo debate y aprobación podría hacer posible estas exigencias.

Porque el movimiento feminista del Estado Español es abolicionista, le instamos a que dialogue con nosotras, que posibilite la tramitación parlamentaria de la LOASP, para que, con los debates y enriquecimientos oportunos, sea aprobada e implementada. Porque las vidas de tantas y tantas mujeres no necesitan retoques legales, necesitan la tramitación urgente e inmediata aprobación de una ley como la LOASP.

Para finalizar destacamos a nivel local que el 2 de agosto del año pasado entró en vigor una Ordenanza Municipal contra la prostitución y la trata, aprobada por el Ayuntamiento de León, y a día de hoy solo conocemos que ha habido 32 identificaciones, pero ninguna denuncia ni sanción. Por ello nos preguntamos: ¿se está aplicando dicha Ordenanza?; y si se aplica, ¿cómo se está haciendo?. Así mismo falta el plan integral de atención a las víctimas regulado en esa Ordenanza. Una vez más, tenemos que denunciar que se elaboran normas, planes, ordenanzas, etc., que al final ni se aplican ni se cumplen. No lo vamos a permitir.