Condena a la pasividad municipal

La pasividad municipal a la hora de resolver la contratación de dos de los tres abogados de su servicio jurídico, que se extiende durante años a pesar de que las plazas figuran repetidamente en las sucesivas ofertas de empleo público, se traduce en la condena a pagar casi 150.000 euros (más intereses) al letrado que durante ese tiempo sufrió un exceso de trabajo derivado de la «prolongada desatención e inactividad» del Ayuntamiento de la capital, según la sentencia judicial. Una condena que, más allá del coste económico, pone en evidencia una vez más el caótico desempeño municipal en cuestiones de gestión de personal. La precariedad del servicio jurídico municipal suma ya diez años, y de hecho la defensa de los intereses del Ayuntamiento ha corrido a cargo de un despacho de abogados externo. Más gastos.