Cerrar

Creado:

Actualizado:

Ya era hora, sí, ya era hora de que sus señorías dejaran de remolonear y hayan puesto fin a las prórrogas para presentar enmiendas a la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización extraordinaria de inmigrantes. Con un poco de suerte, o mejor dicho de voluntad política, puede que a finales de año más de setecientos mil inmigrantes puedan respirar tranquilos cuando les entregen los documentos que acrediten que su estancia en España es legal.

Creo que fue el pasado mayo cuando conocí a Agustín Marie Ndour, un joven senegalés, promotor entre otros inmigrantes, de la Iniciativa Legislativa Popular para solicitar una regularización extraordinaria para personas extranjeras que ya viven entre nosotros.

Agustín me contó que habían abordado la tarea, nada fácil, de recoger firmas porque no podían permanecer impasibles ante el sufrimiento, miedo y dificultades de tantos y tantos inmigrantes que malvivían por no tener «papeles». Muchos de estos no se terminaban de creer que se pudieran recoger firmas suficientes, y menos aún que les recibieran en el Congreso. Pero lo consiguieron.

Aún recuerdo lo que me sorprendió que en aquella conversación, Agustín me dijera que «la regularización no es de izquierdas ni de derechas» sino un mecanismo para solucionar un problema.

Sí, eso debería ser. Y para empezar, además de poner en marcha esta Iniciativa Legislativa Popular, nuestros políticos podrían poner fin a ese «pim pam pum» en que están inmersos, descalificándose los unos a los otros sobre como abordar el problema de la inmigración.

Para empezar deberían de converger en algo muy sencillo: la primera respuesta a la inmigración debe de ser humanitaria, todos los inmigrantes merecen ser tratados con la dignidad que merece cualquier ser humano.

A partir de esa premisa, buscar las mejores respuestas para que quienes vienen a vivir entre nosotros puedan hacerlo en las mejores condiciones, y eso pasa porque puedan acceder a regularizar su situación sin papeleos interminables, sin tener que pasar por los CIE, y sin que las Comunidades Autónomas y el Gobierno conviertan la inmigración en un campo de batalla.

Se trata de vidas, de esperanzas, de futuro. Ojalá de una vez por todas nuestros políticos además de aprobar cuanto antes la regularización de setecientos mil ciudadanos sean capaces de hacer política de Estado con un problema que afecta a tantas miles de personas.