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El curso escolar entra de lleno en el otoño sin aprender la lección. La que año tras año recuerdan ladrillos, tejados, ventanas, cuartos de baño y suelos envejecidos y rotos que visten los centros educativos sin que se haya resuelto el dilema final: quién tiene la obligación de mantenerlos, los ayuntamientos o la Junta. Puede llegar el día en el que esa responsabilidad deje de ser importante, pero lo es, y mucho, porque ya se ha convertido en culpabilidad. Mantener un colegio es obligación municipal. Más aún si hay dinero. Por ejemplo el que ha perdido el gobierno de Diez en todas esas obras cofinanciadas por Europa que jamás ha acabado a tiempo y por las que ha tenido que hacerse responsable, con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales. El asunto está zanjado en otras provincias y comunidades autónomas. Es bochornoso que nuestros pequeños —no votan, claro— estén entre los más preparados de Europa y trabajen en espacios tan lúgubres. Suspenso.