Cerro Centinela

Apurábamos el paseo por Valparaíso, entre calles empinadas y edificios que vivieron tiempos mejores a cuyas fachadas el arte callejero rescata de un inmerecido desmoronamiento. Aliviamos la subida a Cerro Bellavista, tras las huellas de Neruda en la casa museo de La Sebastiana, en uno de los diez funiculares que sobreviven de la época en que la antigua capital de Chile, hoy Patrimonio Mundial de la Unesco, era el puerto más importante de América Latina.

Gritos y tantán de tambores se oían a lo lejos, mientras hablábamos de terremotos con las cuidadoras del cementerio. Cuando sienten el temblor, nos cuentan, se quedan quietas. Ya no tienen miedo. Ni echan a correr. Atraídas por los ecos, descendimos al barrio céntrico de Prat. Atisbamos banderas libertarias rojas y negras entre una multitud que se balanceaba en la calle con sus proclamas. Una mujer nos contestó que no sabía el motivo de la revuelta. «A veces nos manifestamos por si acaso», respondió. Ya en la cabecera de la marcha supimos que el motivo era la vivienda y no por si acaso. La amenaza de desalojo de 5.000 familias del Cerro Centinela, en la comuna de San Antonio.

El problema de la vivienda, que movilizó a miles de personas en Madrid, acecha por los cuatro costados del mundo. No hay ciudad, incluso pueblo, donde la vivienda el derecho constitucional no se haya transmutado en pilar de la especulación. Cerro Centinela era un basurero. Tras las revueltas de 2019, durante la pandemia, fue ocupado por familias que levantaron sus casas con cuatro latas. Les dieron servicio de luz, agua, teléfono. Ahora los propietarios les quieren expulsar para construir nuevas viviendas que no podrán comprar. En Cerro Centinela vive gente de clase media. «Somos demasiado pobres para los bancos y demasiado ricos para una ayuda pública», cuenta Mónica, que ha venido desde Santiago para apoyar a su hijo. Dice también que es más fácil conseguir dinero para un coche de alta gama que para una vivienda. Han pedido al Gobierno que compre el cerro y para autoconstruir sus casas. Una utopía. La propiedad eleva el precio y el Instituto de Vivienda no ha cumplido su obligación de buscar una solución para las personas vulnerables. En noviembre cumple el plazo del desalojo. Pero hay recurso en la Corte Suprema. ¡Suerte, Mónica!

Me asomo por el ventanal del pasado al plan popular de viviendas del Gobierno de Salvador Allende en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago. La fábrica de paneles de hormigón para llevarlo a cabo fue clausurada por la dictadura de Pinochet, mientras derramaba sangre y tortura en el país. Me asomo, por el ventanal del presente, al solar de La Palomera donde se derribó el último chalé de las otrora afueras de León. Y solo veo especulación.