Repartamos el ajuste fiscal
El lunes pasado pudimos ver al presidente del Gobierno Mariano Rajoy en su entrevista en Televisión Española, en la que entre otras cosas anuncio que subiría los impuestos sobre las plusvalías y los impuestos verdes que como todos sabemos son un eufemismo para advertir que tocara para arriba los gravámenes de la gasolina. Hecho en el que cabria decir que si bien es acertado en el primero gravar las operaciones a corto plazo en los mercados frente a las largas que permanecerán igual, la subida de los tributos sobre los carburantes merece peor valoración, sobre todo pensando en que España tiene unos combustibles antes de impuestos bastante caros. Por lo que se deberían buscar otros impuestos además del primero para no hacer que esto acabe recayendo sobre los que menos tienen, en otras palabras hacer un mejor reparto de los esfuerzos en los que se podrían recoger el pago del IBI por parte de la iglesia, las subvenciones a la contratación de los seguros médicos y la aplicación en todas las autonomías del recuperado impuesto de patrimonio. En el primero advertir que no resulta presentable que las propiedades eclesiásticas estén exentas, por mucho que el gerente del episcopado Fernando Giménez Barriocanal se justifique diciendo que los equipos deportivos o las ONG también lo están, como sin duda no debería pasar. Por lo que el Ejecutivo tendría que proceder a cambiar esta situación en unos momentos en los que el Tesoro a pesar del respiro dado por el BCE, tiene unos costes de financiación muy elevados. Ante lo que cambiar este punto de los acuerdos subscritos con el Vaticano en época de Adolfo Suárez sería lo correcto, una vez que esto es demandado no solo por formaciones progresistas como el PSOE o IU, sino también por ayuntamientos y agrupaciones locales del propio Partido Popular. En lo que me gustaría añadir que la Iglesia Católica le correspondería ser la primera en seguir el ejemplo del Arzobispo de Valladolid Ricardo Blázquez que pedía que si se aplica finalmente esta subida no se levantara la voz por parte de los eclesiásticos dada la dura situación que está atravesando el país. Puesto que seguir la posición defendida por Rouco Varela de salir como hizo hace unos meses, para decir que si se aprobara esta medida ello iría en detrimento de otras partidas de la Iglesia como la ayuda a Cáritas, algo inadmisible pensando en que esta solo recibe un octavo de su presupuesto de dicha ayuda, cuando chantajear con esto es inadmisible en un país como el nuestro que tiene un total de 1.737.000 hogares que tienen a todos sus miembros desempleados. Ante lo que gravar las cien mil propiedades religiosas que hay en España a juicio del historiador Stanley G. Payne, permitiría obtener la nada desdeñable cifra de 2.500 millones de euros a la par que mejorar la financiación de los comedores sociales. Mientras en el segundo tema, cabe advertir que la deducción creada en época de José María Aznar a la hora de captar clientes mediante rebajas fiscales, ha permitido que estas compañías alcancen los 10,5 millones de asegurados, en un sistema sanitario como el español que presenta una de las carteras de servicios más amplias de Europa y con una eficacia ejemplar por su bajo coste. Situación que haría deseable poner punto final a estas “exenciones” como propuso Alfredo Pérez Rubalcaba en su debate con Mariano Rajoy de las elecciones generales del pasado año, para poder conseguir 319 millones a la par que no dañar a estas empresas ni a sus empleados. El último a pesar de que en la mayoría del territorio nacional se está aplicando para aportar un total de 581,4 millones, hubo algunas regiones que prefirieron abstenerse así la Comunidad de Madrid decidió no ponerlo en práctica con la escusa de que ello perjudicaría a las clases medias. Algo ciertamente dudable y poco presentable si pensamos que este grava únicamente a las personas que poseen un patrimonio de 700.000 euros en adelante. Es por ello que las criticas que desde sectores importantes y a tener en cuenta de este país, como fueron el Círculo de Empresarios, la CEOE y ciertos sectores del PP o CiU la medida adoptada por Zapatero fue acertada. Si bien ojala se prorrogue su aplicación pasados los dos años para los que entro en vigor, así como que se obligue desde el Gobierno de la Nación a todas las comunidades a ponerla en vigor para recaudar 444 millones. Para terminar decir que es verdad que esto no arreglará el enorme desequilibrio que tenemos en nuestras cuentas públicas, pero al menos lograran repartir un poco más las desgracias que nos esperan de aquí a superar esta crisis de deuda.