Una exclusión injusta y dañina

La iniciativa del Defensor del Pueblo para elevar a la categoría de interés general la disposición de un servicio bancario es probablemente el fruto del esfuerzo de diversos ciudadanos y colectivos que llevan movilizándose desde hace tiempo contra esta injusticia. El mundo rural, que tiene seriamente amenazada su propia supervivencia, tiene un conflicto evidente en la distancia que sufre a la hora de acceder a algo tan fundamental como es la disposición de efectivo o la posibilidad de realizar trámites en una entidad financiera que incluso son imprescindibles en su papel como ciudadanos. La llamada España Vaciada presenta serias carencias y los sucesivos anuncios de que se intentará combatirla parece, en demasiadas ocasiones, que son cantos de sirena. Servicios en todos los órdenes e infraestructuras decentes son los mínimos a exigir para conseguir que los vecinos no se vayan de los pueblos.