Una recaudación fuera de toda lógica económica

El Procurador del Común insta al Ayuntamiento de León a que revise los impuestos de plusvalías e IBI que cobra a los terrenos del municipio declarados hace años como suelo urbano no consolidado, sobre los que no está previsto en realidad ningún desarrollo urbanístico. La resolución recoge la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo, que ya ha sido aplicada en otras autonomías; e invita (la decisión no es vinculante) al equipo que dirige José Antonio Diez a que realice la modificación oportuna en el PGOU, y mientras tanto que la Gerencia del Catastro clasifique como suelo rústico a efectos catastrales los terrenos declarados urbanos no consolidados sobre los que no se prevea desarrollo urbanístico. La actuación del procurador surge a raíz de la queja de un ciudadano, y la institución afea al Ayuntamiento que ni si quiera se le diera respuesta. Ahora, de aceptar la resolución, León se enfrenta además a la devolución de lo cobrado en los últimos cuatro años, los que no han prescrito fiscalmente.