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La ejecución de los fondos europeos Next Generation se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para las administraciones, especialmente las locales, que deben cumplir a rajatabla con los plazos exigidos bajo pena de tener que pagar de su bolsillo las inversiones europeas. Esta obligación condiciona sobremanera los contratos, como le ha ocurrido al Ayuntamiento de León que ha tenido que aportar casi 900.000 euros de fondos propios para atraer empresas que acometan la reforma de las piscinas de La Palomera antes del 31 de julio, fecha en la que hay que justificar la finalización de la obra. El problema se está generalizando, sobre todo cuando las licitaciones van ajustadas y las empresas no se arriesgan a meterse en obras que no les renten lo suficiente en un momento como el actual, en el que la incertidumbre marca el ritmo de los costes en los contratos públicos.