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El problema que supone emprender en España, cuando toca encararse con las diferentes administraciones, es sobradamente conocido. Las reiteradas quejas apenas han conseguido cambios. Pero el problema va mucho más allá al enredarse con otro asunto que también merece un debate. La pluralidad de instituciones, con competencias que llegan al final al mismo asunto, generan un volumen de producción legal que complica cualquier iniciativa económica. El dato de que cada día surgen dos cambios legales que tienen consecuencias en las micropymes invita a reflexionar sobre qué se está haciendo al que, en realidad, es el principal pilar económico del país. España tiene una estructura en la que tienen un peso más allá de lo normal las pequeñas empresas. La situación de autónomos y pymes nunca es fácil. Y las administraciones deberían tener como fin intentar animar a los emprendedores a crear y crecer. Pero, por contra, existe un afán regulatorio que asfixia a todos, con esa pirámide de instituciones que arranca en Bruselas y llega a las pedanías.