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Las aseguradoras han dado la espalda a la propuesta del Estado y elevan su órdago renunciando a la gestión sanitaria de los funcionarios integrados en Muface. El conflicto es realmente complicado. El sistema sanitario público no tiene capacidad para absorber de repente a todas esas personas que ahora son atendidas por esas mutuas. Sólo en el caso de León suponen casi 19.000 personas. La duda reside en las posiciones e intereses reales que se esconden detrás de este pulso. El actual Gobierno de Pedro Sánchez intentó aprovechar la crisis del covid para colar por la puerta de atrás de aquellos decretos de aluvión la disolución de Muface. Llegó el fracaso y ya entonces se aventuró que buscaría otras fórmulas. Ahora, las aseguradoras dicen que están hartas de sufrir la infrafinanciación y que no firman el nuevo contrato que les ofrece el Estado. Sindicatos de funcionarios, como CSIF, señalan al Gobierno y anuncian movilizaciones. La duda se centra en dónde reside el equilibrio de intereses y si todo es producto de la ambición de los mutuas.