Pacto obligado

El pacto sobre la energía, el acuerdo político que debiera sentar la base común para la planificación de las próximas dos décadas, y adoptar medidas para la reducción de la dependencia y la garantía del suministro, ha quedado relegado a un segundo plano entre las prioridades del Gobierno. Las diferencias sobre la tarifa y el déficit generado dificultan un acuerdo que vaya más allá de una declaración de buena voluntad. Ahora bien, esta posición del Gobierno contradice cualquier pretensión de impulsar en España una «economía sostenible» por encima de los avatares políticos. Garantizar fuentes energéticas seguras y reducir su impacto medioambiental constituye un reto que no puede quedar reducido a la acción del Gobierno de turno, sino que exige el establecimiento de bases consensuadas.