El pacto educativo
En el filo | Francisco Muro de Íscar
L a presentación pública por parte de los dirigentes del Partido Popular de su propuesta para un pacto político y social por la educación, después de las conv ersaciones que viene manteniendo con el ministro Gabilondo desde hace meses, ha hecho saltar algunas alarmas.
No todas, porque algunos ya venían apuntando que ese pacto -”indispensable, urgente, imprescindible para el futuro de España-” andaba bajo mínimos. Una cosa es la voluntad, la buena voluntad, del ministro, que se marcó ese objetivo nada más tomar posesión, y el deseo, loable, del PP de encontrar un punto de acuerdo y otra muy diferente los intereses del PP y del PSOE, pero también de los demás actores educativos: las comunidades autónomas que ya tienen transferidas todas las competencias educativas, los partidos nacionalistas y los «sucursalistas», que también tienen sus «compromisos», los sindicatos del sector educativo, los profesores, las asociaciones de padres, la enseñanza concertada.
Todo el sector social casi sin excepciones apoya un pacto, aun cuando es difícil ponerlo de acuerdo. Pero los partidos tendrían que dejar de poner la educación como una bandera electoral y pensar en el interés general para poder llegar a un pacto «de mínimos». ¿Están dispuestos? Lo dudo.
¿Y qué se piensa en el sector? Simple y llanamente que las opciones de fondo de las políticas educativas del PSOE y del PP, aunque no sólo de ellos, dificultan seriamente cualquier pacto. Los unos quieren que se mantenga la base de las leyes educativas actualmente en vigor y que haya pequeños cambios. Los otros necesitan un cambio educativo de fondo, de concepto y de desarrollo.
¿Cómo se puede casar todo eso? Y los que no están, los presidentes de las comunidades autónomas o los Gobiernos de coalición, que son los que tienen que aplicar las reformas, no están dispuestos a ser los convidados de piedra, sobre todo por una razón fundamental: el Gobierno no tiene competencias educativas, están todas transferidas. Y ellos son los que pagan.
En ese contexto, el Partido Popular ha jugado sus cartas y ha dado publicidad a sus pretensiones. No es malo que haya transparencia y claridad por parte de los distintos actores. Las conversaciones secretas en torno a la mesa camilla fueron de otro tiempo. Los ciudadanos tienen derecho a saber. Que al Gobierno y al PSOE les haya sentado mal la luz y taquígrafos, también es normal. Pero lo que habría que saber es en qué se basaba el ministro de Educación para ser optimista respecto al pacto educativo. Nadie sabe cuáles eran las reglas del juego, los límites del pacto, las ofertas concretas, medibles, del Gobierno ni las implicaciones con los demás actores.
Nadie sabe si se iba a hablar de la libertad de enseñanza, las inversiones en educación, la posibilidad de un programa común, la equidad educativa, las apuestas de futuro, la igualdad de trato entre la escuela pública y la concertada... ¿El pacto educativo? ¡Ojalá! Pero, de momento, hablar por hablar.