Diario de León
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Panorama | antonio papell

Este pasado fin de semana, la gran fuerza opositora nacionalista de Cataluña, la coalición Convergéncia i Unió creada por Jordi Pujol en los años setenta,proclamó a Artur Mas candidato a la presidencia de la Generalitat en las elecciones autonómicas de este año. Y como no podía dejar de ocurrir, la proclamación lanzada por el consejo nacional de la federación nacionalista ha tenido lugar en el marco cargado de simbolismo del monasterio románico de Sant Benet de Bages. En un mundo globalizado, las raíces son lo primero para los nacionalistas. A falta de que el PSC confirme a su candidato -que será el propio Montilla, con seguridad- al tiempo que el presidente del Ejecutivo catalán fija la convocatoria, ya han designado a sus candidatos todas las demás fuerzas relevantes: Joan Puigcercós será el cabeza de lista de ERC, Alicia Sánchez-Camacho del PP y Joan Herrera de ICV. Y en esta ocasión, el abanico ideológico incluirá a dos formaciones nuevas: Reagrupement, grupo liderado por Joan Carretero, escisión de ERC, y Unión Progreso y Democracia (UPyD) de Rosa Díez. Ciutadans, en horas bajas, seguirá sin obtener una presencia relevante en la Cámara catalana. Según las encuestas, que marcan tendencias que han ido consolidándose a lo largo de los últimos meses, CiU afianzaría su condición de primera fuerza de Cataluña, lejos sin embargo de la mayoría absoluta en el Parlament, a la vez que desaparecería la oportunidad de pactar un tercer «Tripartito», puesto que la suma de sus fuerzas ya no alcanzaría la mitad más uno de los diputados catalanes (68 de una cámara de 125). El último sondeo del Instituto Noxa, dirigido por Julián Santamaría, afirma que el PSC obtendría 35 ó 36 escaños, frente a los 37 actuales; ERC descendería de los 21 a los 14 ó 15; ICV perdería uno o dos escaños de los 12 que posee actualmente; CiU, por su parte, llegaría a los 58 escaños -”diez más que en 2006-”. Si se confirmasen estos datos, parecería probable que Artur Mas formase gobierno contando con el apoyo externo del PP (podría obtener 16 escaños, dos más que actualmente). Siempre que no medie alguna circunstancia extraordinaria, como una sentencia del TC sumamente adversa al Estatut, que podría complicar las políticas de alianzas. En concreto, si la carta catalana resultara desautorizada en línea con la argumentación del recurso popular, la fuerza de centro-derecha estatal quedaría seriamente contaminada en la región.

En circunstancias normales, estas elecciones, que deberán celebrarse en otoño si no se anticipan, otorgarán un impulso a la principal dialéctica -al binomio CiU-PSC-, que sobrenadará más fácilmente en un panorama más fragmentado aunque con minorías de menor tamaño. Y si se confirma la victoria de CiU, este resultado tendría un claro efecto estabilizador en el Estado puesto que la principal fuerza catalana, de clara vocación centrista, ya podría dedicarse de nuevo a estabilizar el equilibrio en el Parlamento estatal, como sucedió de hecho hasta 2003, año de la retirada de Pujol en que CiU perdió el poder. El paso del PSC a la oposición, después de liderar un período muy convulso de la realidad catalana, beneficiaría indirectamente al PSOE estatal, que, además de liberarse de las hipotecas catalanas -”no siempre comprensibles para el electorado estatal-”, podría unificar su discurso y distanciarse de los lastres centrífugos que aún forman la herencia ideológica de Maragall.

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