No vale llamarse andana

Castilla y León ha comprado cinco de las once papeletas vendidas en la tómbola montada para rifar el cementerio de los residuos nucleares españoles. Si fuera un sorteo puro, esta comunidad autónoma tendría casi el cincuenta por ciento de posibilidades de que le tocara tan dudoso premio. Pero ese calculo de probabilidades no vale, ya que se trata de un sorteo dirigido que se amañará al final en función del cálculo político que más interese. El procedimiento seguido para adjudicar el llamado ATC no ha podido ser más penoso e irresponsable. Una decisión de esa trascendencia no se puede dejar al albur de la voluntad de cualquiera de los 8.000 municipios españoles, a los que se les ha incentivado perversamente para que opten a albergarlo. La primera pregunta sería esa: Si la instalación no comporta ningún riesgo, ¿a cuento de qué vienen esas millonarias compensaciones al municipio elegido? Pero si lamentable ha sido la actuación del Gobierno, al no acotar la elección a criterios técnicos y logísticos y buscar el deseable consenso social y territorial, la posición del PP y de las distintas comunidades autónomas que han entrado en el debate no ha sido menos desafortunada. La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, y el presidente de la Generalitat, José Montilla, han batido récords de incongruencia. La primera, al oponerse a la instalación siendo la secretaria general de un partido que defiende la energía nuclear; el segundo, al hacer lo mismo en Cataluña habiendo sido el ministro de Industria que promovió en su momento este cementerio. Tampoco es de recibo la posición de la Junta de Castilla y León, que ha pretendido inhibirse del debate so pretexto de respetar la autonomía municipal. El argumento hace agua por todas partes. Para empezar, el respeto a la autonomía municipal no puede ser óbice para que el gobierno autonómico tenga postura activa en torno a un asunto cuya trascendencia va mucho más allá de un solo municipio y afecta a una comarca, a una o varias provincias y por extensión a toda la comunidad autónoma. En el caso que nos ocupa no es serio además que a la Junta, tan beligerante contra el cierre de Garoña, le resulte indiferente la instalación de un cementerio nuclear en el territorio de la comunidad autónoma. Al darse cuenta de esta enorme incongruencia, el gobierno Herrera ha salido después enlazando ambas cuestiones, condicionando la segunda a la primera, lo que no hace más que resaltar la incoherencia.

Después de propiciar con su inhibición que cinco ayuntamientos de Castilla y León presenten su candidatura, la Junta no puede venir ahora con ambigüedades y debe asumir la responsabilidad derivada de su postura favorable a la energía nuclear. Del mismo modo que tampoco puede cargar sobre el Gobierno central toda la responsabilidad del conflicto creado por la línea Sama-Velilla. En tanto que firmó en su día con el Ministerio de Industria, REE y el Principado de Asturias el convenio suscrito para tender dicha línea, la Junta es plenamente corresponsable de un proyecto que, vaya por donde vaya, machacará la Montaña leonesa en beneficio exclusivo de la comunidad asturiana. No vale llamarse andana.