El juez juzgado
Crónicas bercianas carlos fidalgo
CON los restos de tres hombres asesinados sobre la mesa, envueltos los huesos en papel de periódico y metidos en cajas de plástico, nadie se atrevía a hablar demasiado alto en el salón de plenos. Medio centenar de familiares, nietos, sobrinos, sobrinonietos, biznietos, de los tres paseados hace 73 años ocupaban los asientos. «Esta es la casa de todos y no hay lugar mejor para esta despedida», dijo la alcaldesa. Y los familiares más cercanos recibieron a continuación tres sobres con los objetos personales de los tres caídos; apenas unas monedas de cobre que guardaban en los bolsillos.
Ocurrió el sábado a las cinco de la tarde en el Ayuntamiento de Puente Domingo Flórez. La alcaldesa cedió el salón de plenos y quiso estar presente en el momento en el que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) entregaba a sus familiares los restos de tres vecinos de la localidad asesinados en septiembre de 1936 en una carretera de Toral de Merayo. «Esta es la casa de la democracia», añadió. Y en la democracia hay lugar para todos.
Para Garzón parece que no. O al menos para su intento de abrir una causa judicial contra la represión franquista que sirviera de impulso a las exhumaciones. El delito está prescrito. Los culpables, muertos. La acción de Garzón no tenía otro objeto que ayudar a las víctimas, aunque los jueces del Tribunal Supremo hayan decidido que hay motivos para juzgar al juez por prevaricación al investigar los crímenes franquistas.
Uno no puede dejar de pensar que la Transición a la democracia, tan alabada, todavía no ha acabado cuando comprueba como un sindicato ultraderechista como Manos Limpias logra que un tribunal decida juzgar a quien quiso investigar unos asesinatos. Y eso a pesar de que el fiscal se mostró partidario de archivar el caso. Así que no es de extrañar que lo que queda de la Falange Española se haya unido a la querella. Y tampoco resulta raro que ante un salón de plenos abarrotado de personas que perdieron a sus abuelos -”y detrás de sus muertes hay más rencillas vecinales que motivos ideológicos-” un representante de la ARMH tenga que reiterar lo obvio. «No estamos aquí para abrir heridas, estamos para cerrarlas», decía el vicepresidente de la asociación, Santiago Macías.
De poco vale una Ley de la Memoria Histórica si todavía quedan jueces -” «¿cuanto hay de ajuste de cuentas en la acción del Supremo contra el magistrado más mediático de este país?»-” que interpretan la legalidad que otros nunca respetaron hasta convertir la Justicia en un despropósito.