27 años después

El Estatuto de Castilla y León cumple el próximo j ueves su vigesimoséptimo aniversario y con tal ocasión el Parlamento Autonómico entregará su Medalla de Oro a la Real Colegiata de San Isidoro, escenario de las históricas Cortes de 1188, consideradas primer hito del parlamentarismo en Europa. Una especie de reconocimiento hacia sus ancestros por parte de las actuales Cortes de Castilla y León, que ya en 1988 conmemoraron en el Hostal San Marcos el octavo centenario de aquel acontecimiento.

Es evidente que algunas cosas han cambiado desde aquella conmemoración, muy envuelta en la polémica, con algún desplante institucional y rechazo leonesista en la calle. Doce años después, el alcalde es de otro signo político y el leonesismo genuino está fragmentado, pero el problema de fondo subyace tal cual: los leoneses plenamente identificados con la actual comunidad autónoma siguen siendo una inmensa minoría. El PSOE ha construido una tesis según la cual esta desafección leonesa guarda estrecha relación con la forma de gobernar y deficiente gestión de la Junta. Es evidente que los modos con que se gobierna desde la capital del Pisuerga son percibidos como «centralismo vallisoletano» en todas las demás provincias, en algunas últimamente tanto o más que en León. Pero el origen del «contencioso leonés» se remonta a la misma constitución de la comunidad y es por tanto anterior e independiente al sempiterno gobierno autonómico del PP.

A mi juicio desde las instituciones autonómicas se ha hecho muy poco o nada por corregir esta situación. Tres veces, tres, se ha reformado en estos 27 años el Estatuto de Autonomía, sin aprovechar la circunstancia para dar algún paso en esa dirección. Es cierto que la primera reforma (1992) no dio ocasión, puesto que se vio constreñida a la mera trasposición del pacto autonómico estatal sobre ampliación de competencias alcanzado ese año entre PP y PSOE. Pero la siguiente reforma (1999), abordada por iniciativa del Parlamento Autonómico, brindaba la oportunidad -"la «carta magna» de la comunidad autónoma se revisó en profundidad-" y no se introdujo ni siquiera un guiño hacia la identidad leonesa. Como tampoco en la tercera y última reforma (2007), en este caso con el agravante de que las reivindicaciones de corte leonesista fueron ignoradas por el bloque monolítico formado por el PP y el PSOE tanto en el Parlamento de Castilla y León como en las Cortes Generales. No se pedía ninguna segregación, ni un régimen específico, simplemente el mero reconocimiento del hecho diferencial leonés en el ámbito de la propia comunidad autónoma. Pero no hubo la menor concesión.

La resistencia de las instituciones autonómicas a reconocer la pluralidad territorial que encierran Castilla y León va más allá. Veintisiete años después, El Bierzo sigue siendo la única comarca reconocida oficialmente, eso sí, con un status insuficiente derivado de la timorata Ley (1991) que reguló su constitución. Pero fue y seguirá siendo una excepción, ya que la Junta y el PP siguen sin querer oír hablar del hecho comarcal, una realidad cada vez más imprescindible para anclar la población en el vasto territorio castellano y leonés.