Más claro, el Duero
Tribuna | mario amilivia gonzález
Hablar del Duero, el flumen Durius, como le bautizaron los romanos, no es cosa fácil. Es el río de la vida, el que inspiró a poetas como Gerardo Diego o Antonio Machado, eje vertebrador de la Comunidad y fuente de riqueza como los afamados vinos que se producen en sus riberas. Su demarcación hidrográfica cuenta con una superficie de casi 100.000 kilómetros cuadrados, de los cuales el 81% corresponden a territorio español y el 19% a territorio portugués, lo que la convierte en la mayor de las cuencas peninsulares. Algo más del 98% de la superficie de la cuenca española corresponde a Castilla y León, territorio que vertebra desde las montañas de Soria hasta los Arribes, para internarse en Portugal, recogiendo las aguas del Támega y acabar desembocando al Atlántico en Oporto.
La competencia del Duero es una histórica reivindicación de Castilla y León. El Estatuto de Autonomía lo contempló desde su aprobación en 1983. Primero reclamó cooperación en su gestión en el ámbito de las competencias del Estado. Tras la reciente reforma estatutaria, se pasó a recoger expresamente la asunción de competencias en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas que tengan su nacimiento en Castilla y León y deriven a Portugal sin atravesar otra Comunidad Autónoma. Competencias de desarrollo legislativo y ejecución sin perjuicio de las reservadas al Estado.
Nuestro texto estatutario encaja plenamente en la distribución competencial de nuestra Constitución, no afecta a la solidaridad interregional, no rompe la unidad de cuenca y se adapta a la Directiva comunitaria en materia de aguas.
No obstante, la Comunidad de Extremadura presentó un recurso de inconstitucionalidad, si bien lo hizo en coherencia con el que había presentado al Estatuto de Andalucía en relación con las aguas del Guadalquivir. No son supuestos semejantes porque las aguas del Duero en ningún caso afectan a la Comunidad extremeña que, en todo caso, está legitimada para reclamar una interpretación constitucional del ejercicio de las competencias sobre el agua.
Ahora se han transferido a la Comunidad de Andalucía las competencias en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos de la cuenca del Guadalquivir y la Junta de Castilla y León aspira lícitamente a que se inicie el mismo proceso para las aguas del Duero en esta Comunidad. Para ello ha recabado y conseguido el respaldo de los agentes económicos y sociales, y no falta tampoco el necesario consenso político e institucional.
Nadie puede acusar a nuestra Comunidad Autónoma de deslealtad constitucional ni de voracidad competencial. Como acertadamente ha dicho el profesor Fernando Rey, no se trata de reivindicar esta competencia por un «prurito de soberanismo hídrico. Se reclama esta competencia para intentar mejorar su gestión, para ser más eficaces, para dar un mejor servicio a los ciudadanos».
No se puede decir con más claridad, el río Duero nos observa y nos espera:
«Quién pudiera como tú,
a la vez quieto y en marcha
cantar siempre el mismo verso,
pero con distinta agua».