La ley no se abortó

Al día | isaías lafuente

La votación de la nueva ley del aborto en el Senado, una Cámara con mayoría conservadora, disipa algunos argumentos que se han manejado en los meses de tramitación. Frente a quienes consideraban que no había necesidad de reformarla, el Parlamento ha dicho que sí. Y frente a quienes pretendieron plantear el asunto como un empecinamiento socialista que nadie había reclamado, el apoyo de senadores de Coalición Canaria y CiU, que se manifestaron con libertad de voto, pone de manifiesto que los apoyos y el rechazo a la ley son transversales y escapan de las etiquetas partidistas.

Después de 25 años de aplicación, la re alidad había demostrado que la ley había sido superada. Pero no se quería ver. Los sectores más conservadores se oponían a una ley de plazos, pero consentían una realidad que demostraban las cifras: que la inmensa mayoría de los abortos se realizaban en virtud del supuesto más flexible; es decir, que la norma, en su desarrollo, era una ley de plazos encubierta, pero sin las suficientes garantías para la mujer. Porque siempre podría haber un ciudadano, una asociación o una consejería que animase a la policía o a un juez a revolver expedientes, a entrar en las clínicas o a buscar en sus domicilios a mujeres que habían abortado. Los plazos en los que ahora se despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo no supondrán la multiplicación del número de abortos, pero tampoco tendrán la milagrosa virtud de reducir su número. Eso es lo que se contempla en la otra parte de la norma, la que se refiere a la salud sexual y reproductiva, a la educación y a la información, al más fácil acceso a métodos anticonceptivos que eviten llegar al aborto. En su eficaz desarrollo es donde las administraciones y las fuerzas políticas, las que han apoyado la ley y las que la han rechazado, tienen una ocasión inmejorable para demostrar su voluntad de acabar con este drama.