El rescate de la construcción

Panorama | antonio papell

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el peso de la construcción (tanto actividad residencial como no residencial) en el PIB español aumentó del 11,7% en 1996 hasta el 17,9% en 2007. Al mismo tiempo, este sector pasó de ocupar el 9,3% del empleo tot al hasta el 13% durante ese mismo periodo. En 2007, se construyeron cerca de 800.000 viviendas nuevas Estas grandes magnitudes explican por sí solas el efecto devastador que ha tenido el estallido de la burbuja tras el recalentamiento del sector.

Durante 2008, numerosas empresas constructoras presentaron suspensión de pagos. Las más resonantes fueron Martinsa-Fadesa, con un pasivo de 4.000 millones de euros, la mayor suspensión de pagos de la historia de España; Habitat (2.300 millones), SEOP, Grupo Contsa y San José entre otras. Y hoy el principal problema es la existencia de un stock inabarcable, cuya reducción drástica no podrá afrontarse hasta tanto no se produzca la reestructuración de las cajas de ahorro. De los 470.000 millones que adeuda el ladrillo al sistema financiero, 90.000 corresponden a suelo. Aguirre Newman cifra el stock en 1,5 millones de viviendas, 613.000 de ellas recién terminadas; 384.000 en construcción y 520.000 usadas en venta o alquiler. Cinco veces más de lo demandado anualmente. Después de este terremoto, las expectativas de la construcción residencial son obviamente escasas. Cabe imaginar que en los próximos años, y hasta que se consuma una parte sustancial del stock, la producción de nuevas viviendas no llegará ni de lejos a la demanda media, que se cifra en unas 350.000 viviendas anuales (en 2009 no se ha llegado ni a las 150.000). Lo que justifica, en efecto, que se pretenda salvar parcialmente el bache del sector -que repercute en muchos otros que viven materialmente de la construcción- mediante el fomento de la rehabilitación de viviendas, que es también intensivo en mano de obra. Las organizaciones sindicales han llevado esta semana propuestas en tal sentido al diálogo social (con la pretensión de que se alcancen las 200.000 rehabilitaciones anuales, y no sólo las 80.000 incluidas en la estrategia de Economía Sostenible); y el Gobierno ha introducido la rehabilitación como medida estrella en su lista de propuestas para el Pacto de Estado, con beneficios fiscales en el sector privado para la rehabilitación energética o las actuaciones para mejorar la accesibilidad y que incluye un plan de rehabilitación y eficiencia energética en 2.000 edificios públicos. Según el Ejecutivo, podrían rescatarse por esta vía unos 350.000 empleos de los que se han perdido en el sector construcción. A medio plazo, la construcción residencial debería recuperar un ritmo acomodado a la demanda real. Y para acelerar este proceso de estabilización, no debería descartarse una intervención pública encaminada a reducir el stock actualmente en manos del sistema financiero. Pero ésta es otra cuestión que habrá que plantear más adelante, cuando la recesión sea un mal recuerdo, las Cajas hayan ultimado su saneamiento y la actual situación de emergencia dé paso a una progresiva normalización. Sí es importante igualmente que la constru cción no residencial, que quedará afectada por el ajuste económico, no contribuya a lastrar la actividad. Para evitarlo, Fomento deberá buscar iniciativas mixtas con el sector privado -”sería el momento de incrementar la red de carreteras de peaje-” y emprender una vasta labor de conservación de infraestructuras.