El día 4, David contra Goliat

Tribuna | fermín carnero

presidente de la fundación 27 de marzo

Siempre ha sido así, los tocados por la diosa fortuna miran hacia abajo y al menor síntoma de alarma comienzan a «bombardear» al pueblo llano desde sus privilegiadas situaciones económicas sobre la necesidad de aplicar duras medidas en materia económica y laboral a los asalariados . El perfil social de estas personas es de tal magnitud que encuentran con facilidad soporte mediático para difundir y ampliar sus mensajes dándoles una mayor resonancia. Tal vez, ingenuo de mí, en esa desigual batalla quisiera echar a suertes la posibilidad de ser David frente a Goliat y que este escrito y el llamamiento nos despierte de un cierto letargo en el que el miedo o la inquietud ante la situación económica nos tiene sumidos.

El día 4 de marzo es un buen día para manifestarse y sacudirse la pasividad y romper la peligrosa telaraña de los discursos en donde, poco a poco, se va configurando la sensación de que la crisis es por culpa de nuestros salarios, de nuestras pensiones o del coste de los despidos que dejan en la calle a miles de compañeras y compañeros. ¿Alguien recuerda ya en qué conciliábulos financieros se fraguó la gran estafa que generó esta situación?... ¿Se están exigiendo cambios drásticos en los comportamientos o responsabilidades a la entidades financieras y a sus pautas de funcionamiento? Es evidente que se está generando una peligrosa situación para los intereses de la clase trabajadora, producto de los interesados, a la par que constantes, mensajes que, al albur de una cierta y profunda crisis económica internacional, se están lanzando desde conspicuos personajes que, representando fuertes intereses económicos desde posiciones de privilegio en sus economías personales, emiten grandilocuentes discursos con el fin de seguir garantizando su «status quo» a costa de los de siempre. Y así se oye la cantinela de que nuestras pensiones deben rebajarse por insostenibles o que se deberá cotizar más años para percibir menos, a la par que se deberán reducir nuestros salarios así como los costes por despido.

En la misma línea se empiezan a oir voces que cuestionan el modelo de cobertura social y así las prestaciones por desempleo, los subsidios para quienes fueron expulsados del mercado laboral y agotaron sus prestaciones de desempleo, comienzan a denominarse desde excluyentes postulados economicistas como costes improductivos que lastran las cuentas públicas, poniendo en peligro la pronta recuperación de la financiación de los Estados para que, a su vez, puedan volver a cubrir las necesidades de entidades financieras, grandes emporios industriales y continuar la noria de potentes intereses privados a costa del interés común y de las necesidades acuciantes del ciudadano de «a pie» y en situaciones de absoluta carencia. «El oro p-™al tesoro y el cagayón p-™a la mierda», dícese gráficamente en Asturias. Pero vayamos por partes. En primer lugar ¿qué ocurre con nuestras pensiones?.

Llevamos más de dos años con una crisis profunda y sin embargo las cuentas de los fondos que amparan nuestras futuras pensiones siguen generando superávit que permite seguir incorporando remanentes al fondo de cobertura. Y ello a pesar de que desde dichos recursos aún se siguen financiando determinadas prestaciones que poco o nada tienen que ver con las prestaciones contributivas que son las únicas que deben ser cubiertas con dichos recursos. ¿Para cuándo la total separación de las fuentes de financiación y correspondientes prestaciones en el sistema? Por otro lado si la recuperación de la crisis se produce, como es indudable, y vuelve a producirse la incorporación de trabajadores al sistema, nuevamente se producirá un incremento de las cotizaciones al sistema que incrementarán asimismo los excedentes que aún en años de crisis se han venido produciendo. En relación con el tan manido tema del alargamiento hasta los 67 años de la edad de jubilación, dos matizaciones que ponen en «solfa» la eficacia de la medida. Primero ¿Quién garantiza u obliga al sector empresarial a no seguir poniendo en la calle a las decenas de miles de trabajadores de ambos sexos que cada año se quedan sin ocupación a partir de los 50 años con nulas posibilidades de volver a encontrar un nuevo empleo?.

En segundo lugar, la actual ley ya permite seguir trabajando, si así lo decide el trabajador, después de cumplir los 65 años. Sin embargo habrá que valorar que tal vez ha llegado el momento de pensar también en que para determinados colectivos -”trabajadores con trabajos penosos, tóxicos, trabajos en andamios, conductores de grandes rutas, pesca de altura, etcétera-” habría que crear coeficientes de reducción de la vida laboral, como existe en la minería.

Reconozco el esfuerzo que el gobierno de Rodríguez Zapatero ha realizado, en una situación económicamente complicada, para garantizar unas coberturas sociales hacia los más desprotegidos, pero no puedo aceptar ni la forma, ni el momento, ni el fondo de esta desafortunada irrupción política sobre un tema que ni urge ni peligra e incrementa la desazón de los ciudadanos que en materia económica ya tienen suficientes frentes abiertos. En definitiva, sabemos el coste y los sacrificios que la crisis está generando en el mundo del trabajo, con dificultades en la negociación colectiva, despidos masivos y situaciones de explotación en sus retribuciones y en sus horarios. Pero nada sabemos sobre qué sacrificios se están haciendo por parte de los bancos y Holdings empresariales en sus generosamente bien retribuidos consejos de administración o alta dirección, que a la vista de las informaciones que periódicamente aparecen en los medios de comunicación, tampoco deben preocuparse por el futuro de sus pensiones, o la equiparación de los costes del despido de un trabajador de cualquier sector productivo en nuestro país y los costes millonarios por prescindir o cesar a alguno de los miembros de los citados consejos de administración. Y a la hora de sanear el déficit público algo habrá que hacer desde los servicios de inspección de Hacienda y Trabajo con el fin de sacar a flote tantas bolsas de fraude como existen en colectivos de profesiones liberales, donde el pago en «negro», la falta de facturas y el incremento de la economía sumergida detraen enormes cantidades al erario público. A los trabajadores se nos descuenta puntualmente, en las nóminas, nuestra contribución al Ministerio de hacienda.

Hace ya algunos años nos advirtieron de que una vez más las cuentas que garantizaban nuestras pensiones estaban en dificultades. En aquella ocasión fue el momento para una gran campaña por los bancos para convencernos de la necesidad de que destináramos parte de nuestro salario a crearnos un plan de pensiones personal que complementase la pírrica pensión que, nos anunciaban, recibiríamos de nu estro sistema de pensiones. En esta ocasión, y dado el descalabro que ha sufrido la capitalización de esas pensiones privadas, instaladas en el vaivén de la cotización en bolsa, los bancos guardan un más que sospechoso silencio.

En esta situación no sería descabellado pensar que se prefiera cotizar algo más a la Seguridad Social con destino a garantizar unas mejores pensiones con la garantía del Estado que jugar a la «ruleta rusa» con las pensiones privadas en el evanescente mundo de las finanzas en bolsa.