Treinta millones de inmigrantes
Tribuna | Pablo Vázquez
Director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA)
O para ser exactos, 31,28 millones. Ése es el número de inmigrantes -”en edad de trabajar-” que nos harían falta para que no tuviéramos que reformar nuestro sistema de pensiones. Se trata de una cifra elevada, -”supondría que la inmigración pasa a ser el 40% del total de la población española en unas décadas-”, y sobre todo poco probable. Menos probable es la otra opción que nos salva de la reforma: que las mujeres españolas pasen a tener 5,1 hijos cada una. Estos números explican por qué el pasado viernes un centenar de economistas académicos solicitamos una reforma integral del sistema público de pensiones. En un documento promovido por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) pedimos al Gobierno que no dé marcha atrás en su propuesta de aumentar la edad de jubilación de forma gradual de 65 a 67 años (algo que parece estar ocurriendo), por entender que es una buena forma de comenzar este debate, aunque otras propuestas del mismo calado deban sucederse.
La Seguridad Social es, en cierta forma, como un trasatlántico, un buque con una enorme inercia, capaz de cruzar de generación en generación, pero con escasas posibilidades de maniobrar en espacios pequeños. Los cambios, las reformas a llevar a cabo, deben hacerse pensando en 30, 50, 75 años; y no deben afectar a las personas que hoy se están jubilando, ni que tienen en su horizonte cercano la opción de jubilarse (por ejemplo, los mayores de 50 años). Tampoco son necesarias reformas radicales: es preciso cambios que modifiquen ligeramente el rumbo, pero que en el largo plazo nos hagan llegar al lugar adecuado. El incremento de la edad de jubilación en un mes cada año hasta llegar a los 67 no es una reforma muy radical y puede ayudar significativamente a hacer el sistema sostenible. Otras reformas graduales para penalizar las prejubilaciones, fomentar la extensión de la vida laboral y calcular la pensión de una forma más equitativa son también necesarias. ¿Y si no hacemos la reforma? Pues, sinceramenser conscientes de que en un futuro no tendremos recursos suficientes para pagar los gastos corrientes (incluidas nuestras deudas) y los gastos en pensiones.
El devenir de esta reforma en nuestro país genera cierta inquietud. El Gobierno inicialmente actuó con valentía y planteó el aumento de la edad de jubilación en un momento en el que las instituciones y los mercados financieros internacionales comenzaban a tener serias dudas sobre el potencial de crecimiento de la economía española y su capacidad para hacer frente a un elevado endeudamiento. Sin embargo, inmediatamente se reprodujeron las resistencias a la reforma: titubeos del Gobierno, escasa colaboración de los partidos integrantes del Pacto de Toledo y total oposición sindical, todo ello con gran ruido mediático. Con estas réplicas y contrarréplicas se vuelven a las discusiones pobremente informadas o interesadas que ralentizan y dificultan el proceso de reforma. Para avanzar con la reforma, se debe seguir la misma vía que se adoptó en Suecia, Reino Unido, Países Bajos y Alemania para comenzar sus reformas, todas ellas culminadas ya con éxito: encargar la elaboración de un Libro Blanco a una comisión de expertos independientes. El necesario proceso de consultas de la comisión debería dar lugar a un debate sereno sobre los problemas, que debería tener una amplia repercusión social. Esto debería hacerse en un plazo razonablemente breve. El Libro Blanco tiene que ser presentado de forma creíble como el primer paso de la reforma, por lo que debería haber un compromiso previo del Pacto de Toledo de impulsarla siguiendo el dictamen de la comisión. El objetivo de esta iniciativa será explicar las ventajas y los inconvenientes de las distintas alternativas de reforma y pronunciarse claramente acerca de las dos cuestiones fundamentales que han de resolverse: ¿Qué parte del coste relacionado con el aumento de longevidad de las futuras cohortes de pensionistas debe trasladarse a las generaciones siguientes o lo que es lo mismo cuál debería ser la tasa de sustitución de las pensiones públicas de jubilación a financiar mediante el principio de reparto y qué medidas de reforma son más convenientes para llegar a dicha tasas de sustitución? Y dos: ¿Cómo conseguir que cada generación ahorre más para su jubilación y qué medidas habrían que considerarse en este sentido? Y ligado con esto: ¿hasta qué punto debe recurrirse a la capitalización obligatoria? ¿Hasta cuándo y cómo puede extenderse la cobertura del actual sistema español de fondos de pensiones? ¿En qué activos debería materializarse ese ahorro?
En resumen, la hora de la reforma de las pensiones es ya. Se acaba el tiempo, porque, a la vista de los cambios demográficos que se vislumbran, ya se ha retrasado bastante y porque necesitamos recuperar el crédito internacional que los mercados financieros están poniendo en duda. Ahora que el Gobierno ha abierto una ventana de oportunidad es el momento de actuar con calma y conocimiento, pero también con determinación, sentido de la colectividad y el convencimiento profundo de que el interés de todos está en juego. La sociedad española necesita un diagnóstico claro y preciso de la grave situación que se les puede plantear a quienes hoy tienen menos de cincuenta años si no se hace nada o lo que se hace es insuficiente, y que se avance decididamente en la adaptación de nuestro sistema de pensiones a unos cambios demográficos que hace lustros vienen pidiendo a gritos una adaptación.