La hora de los sindicatos
Panorama | ANTONIO PAPELL
Al fin, el Gobierno ha presentado a los agentes sociales su esquema de reforma del mercado laboral, con propuestas que tratan de lograr la cuadratura del círculo, esto es, abaratar el despido sin tocar el contrato indefinido, que, como se sabe, incluye una indemnización por despido de 45 días por año trabajado. En principio, parece imposible satisfacer a la vez la exigencia de flexibilidad y la cerrada negativa sindical a aceptarla, pero sí puede ser posible una tercera vía si se recurre a financiar con recursos públicos determinados ajustes utilizando una parte de los caudales destinados a subsidiar el desempleo. Las propuestas del documento gubernamental, todavía bastante genérico e inconcreto son básicamente tres: una primera, la generalización del contrato de fomento del empleo, es decir, del que contempla una indemnización de 33 días por año trabajado, y que actualmente se aplica a jóvenes y a colectivos con problemas para su colocación; básicamente, se permitiría el acceso a este contrato a los actuales trabajadores sin fijeza y a los parados. La segunda medida, de carácter temporal, consistiría en subvencionar hasta el 40% del coste de despido a las empresas con dificultades económicas objetivas y con cargo al Fondo de Garantía Salarial. De esta forma, el empleador sería menos reticente a realizar contrataciones. Y, en definitiva, se trataría de generalizar un mecanismo que ya existe para las empresas de menos de 25 trabajadores que suspenden pagos. El documento gubernamental, conscientemente oscuro en algunos extremos, sugiere asimismo la conveniencia de «definir con más claridad las causas de los despidos económicos», lo que llevaría a suprimir el llamado despido improcedente, como sucede en Europa. La tercera medida, que ya venía barajándose desde hace tiempo, es la implantación del llamado «modelo austríaco», una fórmula conectada con la «flexiseguridad» danesa, que consiste en la generación de un fondo individual para cada trabajador que éste podría rescatar al quedarse en paro y que en todo caso percibiría al jubilarse.
Dicho modelo, que entró en vigor en Austria en 2003, se basa en un contrato único y en el aumento de trabajadores con derecho a indemnización por desempleo a cambio de una reducción de la cuantía media. El empresario ingresa en un fondo de cada empleado el 1,5% del salario; y los derechos acumulados por cada trabajador se mantienen aun cuando cambie de trabajo hasta que se jubile, a menos que pierda el empleo, en cuyo caso puede cobrar antes ese dinero. Como ha dicho el Banco de España en su boletín de julio de 2009, «este sistema ha logrado que los derechos de despido sean adquiridos por todos los trabajadores desde el primer día de trabajo».
La reforma que se sugiere, y que ahora tendrán que acordar los agentes sociales, elude el riesgo que el Banco de España ha denunciado en los últimos tiempos: el de que se actúe contra la temporalidad sin flexibilizar al mismo tiempo el contrato indefinido. Y, al propio tiempo, aproxima nuestro sistema de relaciones laborales a los cánones comunitarios. De momento, los sindicatos no han expresado una negativa frontal a las propuestas pero su respuesta ha sido desconcertante: Toni Ferrer, de UGT, ha declarado que «lo urgente es el problema, no el plazo». En otras palabras, las organizaciones obreras no parecen preocupadas por el hecho de que tengamos ya más de cuatro millones de parados, y con tendencia al alza.