Incapaces de converger
El corro | pedro vicente
Constatamos aquí hace tiempo que la Junta no había hecho sus deberes en tiempo y forma sobre dos asignaturas que atañen a dos de los principales problemas estructurales de Castilla y León, muy interrelacionados además entre sí: la despoblación y los desequilibrios territoriales internos.
La Agenda para la Población, el nuevo instrumento diseñado contra el declive demográfico, ha llegado con cinco meses de retraso y con manifiestas limitaciones presupuestarias para su aplicación. Pero el documento existe, ha sido aprobado en Consejo de Gobierno y está listo para su puesta en marcha, algo que está muy lejos de ocurrir aun con el Plan de Convergencia Interior, el instrumento contemplado en el Estatuto de Autonomía para intentar corregir los acusados desniveles de renta existentes dentro de la misma comunidad autónoma.
El Plan se estrenó en el 2009 y no precisamente con buen pie, ya que ni su dotación económica, 125 millones de euros, ni los criterios seguidos para su distribución estuvieron a la altura de las necesidades en la materia. En lugar de elaborar el mapa de comarcas y municipios más deprimidos a fin de aplicar la correspondiente discriminación positiva, la Junta, de acuerdo con el PSOE, optó por reconvertir el PCI en una especie de apéndice del Plan E de Zapatero, distribuyendo sus fondos horizontalmente en toda la comunidad. La fórmula no se atenía ni al espíritu ni a la letra del mandato estatutario, pero se aceptó como solución de compromiso, toda vez que estaba muy avanzado el mes de abril y no era cuestión de que llegara septiembre y que, en plena crisis, los 125 millones permanecieran sin tocar.
Se suponía que en el 2010 dicho mapa estaría elaborado y que la Junta se pondría ya a la faena de corregir los desequilibrios. Los Presupuestos de la Comunidad elevaron a 150 millones de euros la cuantía destinada a esta segunda anualidad, al tiempo que el Gobierno central se comprometió a aportar la misma cantidad, si bien en los Presupuestos del Estado sólo aparecieron 75. Estábamos en octubre del 2009, con tiempo más que suficiente para definir el contenido del Plan, concretar sus inversiones, y comenzar a aplicarlo el 1 de enero.
En estas estábamos hasta que, siete meses después, acabamos de enterarnos que la Junta y el PSOE han roto las negociaciones que, sin luz ni taquígrafos, venían manteniendo sobre el PCI del 2010. El detonante de la ruptura parece haber sido la propuesta socialista de centrar las inversiones en la construcción de hospitales comarcales. La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha tildado esa idea de «ocurrencia» y ha dado por rota la negociación. Lo que no ha aclarado ni ella ni nadie es cuándo va a cerrar la Junta el Plan y a qué se van a dedicar los 150 millones presupuestados. En resumen, que los unos por los otros, a punto de finalizar mayo los deberes de la «convergencia interior» siguen sin hacer. Y no estamos hablando de cualquier cosa, sino de la obligación que ellos mismos se impusieron en el Estatuto de Castilla y León para intentar atajar uno de los grandes males estructurales de esta comunidad autónoma. Así de lamentable.