La fosa de Garzón
Crónicas bercianas carlos fidalgo
Ahora sé que la Transición no ha terminado. Ya no tengo ninguna duda después de ver cómo el Consejo General del Poder Judicial ha suspendido al juez Baltasar Garzón y otro magistrado decidía que hay motivos para juzgarle por prevaricación porque trató de investigar los crímenes del franquismo. El mundo al revés.
Es bueno recordar que Garzón -”que sólo ha pretendido ayudar a las familias de las víctimas a recuperar los cuerpos de los represaliados enterrados en fosas comunes-” acabó inhibiéndose en favor de los juzgados territoriales para que tutelaran unas exhumaciones que comenzaron hace una década en el Bierzo porque los supuestos responsables de aquellos crímenes están muertos. Pero quienes acusan al juez -”los coletazos de la ultraderecha-” y quienes han visto motivos para sentarle en el banquillo y apartarle de la Audiencia Nacional consideran que Garzón, hoy «exiliado» en la Corte Penal Internacional, ha podido dictar resoluciones injustas a sabiendas (eso es prevaricar) porque el delito de genocidio no estaba tipificado cuando se cometieron los crímenes y porque la Ley de Amnistía de 1977 impide juzgarlos.
De repente hemos retrocedido 35 años. Si en 1977 la Ley de Amnistía se consideró necesaria para que la transición a la democracia no generara conflictos en un país que se había desangrado en una guerra civil, 35 años después también podría argumentarse que su vigencia -”como sucedió con otras leyes de amnistía que vergonzosamente protegieron a dictadores en Sudamérica y han sido derogadas-” podría estar igualmente en entredicho porque contradice la legislación penal internacional y los derechos humanos. La misma legislación y los mismos derechos que precisamente permitieron a Garzón dictar una orden de detención contra el dictador chileno Augusto Pinochet que tanto contribuyó a frenar la impunidad con la que hasta entonces se habían movido los tiranos.
Y Franco lo fue. Hay que volver a decirlo alto y claro. Francisco Franco y los generales que le acompañaron dieron un golpe de Estado en 1936 que condujo a una guerra cainita y después eliminaron sistemáticamente -”también lo hacían en el otro bando, pero esos muertos ya los desenterraron-” a todo aquel que pensaba de forma diferente. Setenta y cinco años después, todavía hay quienes están dispuestos a poner nuestro sistema judicial en la picota, a sembrar dudas sobre nuestro Estado de Derecho, sobre las bondades de la Transición y sobre los fundamentos de nuestra democracia para saldar cuentas pendientes con un «juez estrella». Un disparate.