Tensiones ante el final de ETA

El viernes pasado, estalló en el Parlamento Vasco la tensión generada por el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, al proponer públicamente que las fuerzas democráticas vascas tengan previsto el final de ETA y se preparen para acoger en las instituciones a la izquierda abertzale, una vez desaparecida la violencia y explicitado el rechazo de los antiguos batasunos al terrorismo. Como es conocido, el lendakari Patxi López desautorizó a Eguiguren, recordó que es él quien marca la política antiterrorista en Euskadi y manifestó que no iba a construir ninguna «pista de aterrizaje» para el ámbito político que ha arropado históricamente a ETA. Rubalcaba ha apoyado inmediatamente a López, ha considerado equivocada la postura de Eguiguren y ha asegurado que «el Gobierno no va a ir por dónde él dice». Además -y esto es lo más grave-, el ministro del Interior asegura que ETA está tratando de reconstituir sus comandos.

El domingo la izquierda aberzale escenificó en Bilbao un acuerdo soberanista con Eusko Alkartasuna, una especie de reedición del Pacto de Lizarra pero sin el PNV, que apuesta por las vías «políticas y pacíficas», adopta explícitamente la «doctrina Mitchell» pero se abstiene de mencionar a ETA y por supuesto de condenarla. Todo ello, a la espera del hipotético «gesto» de la muy debilitada organización terrorista, que tiene problemas hasta para reunir a la cúpula dirigente y tomar una decisión. Decisión que aún no está clara: en la banda parece dominar la idea de declarar una tregua -una nueva «tregua trampa», que le permitiera rearmarse y fortalecerse- frente al sector que postula una tregua permanente como paso previo al desarme (la estrategia del Plan Mitchell, que puso fin al conflicto norirlandés). No se descarta que, en esta pugna, la organización terrorista pudiera romperse. La izquierda abertzale, en todo caso, dice estar dispuesta a seguir la hoja de ruta trazada en la declaración de Alsasua, que marcaría la senda hacia el rechazo a la violencia y la emancipación de ETA. Pero es obvio que la credibilidad que ofrezcan los herederos de la ilegalizada Batasuna será muy distinta según ETA opte por la simple tregua o por el anuncio de su disolución. Así las cosas, el bloque democrático, reconstituido después del «proceso de paz» -que, aunque fracasado, ha sido el desencadenante de la entrada de ETA en fase terminal-, está decidido a actuar con extrema prudencia. La vía de cualquier negociación política está cegada absolutamente, por decisión irrevocable de los dos grandes grupos, PSOE y PP, tanto en Euskadi como en el Estado. La política común frente a ETA se basa en la acción y en la cooperación policial, la colaboración internacional, la deslegitimación política y social del terrorismo y la tolerancia cero con sus defensores. En estos términos lo manifestó por enésima vez Patxi López en su desautorización de Eguiguren. No puede ni debe ser de otra manera. La propuesta de Eguiguren de que los demócratas preparen una posición común condescendiente para integrar a la izquierda aberzale y dar una salida a los presos etarras es ingenua e inaceptable. Como también ha dicho López, el desenlace de la violencia ha de resolverse con hechos, no con palabras. Y cuando el final de ETA es un futurible cada vez más cercano, la sociedad no entendería que la presión contra los desalmados criminales y sus amigos y colaboradores cediese antes de tiempo y no llegara al final, al escenario de una ETA derrotada y desarmada.