Desobediencia activa del PP
En el filo | josé cavero
La entrada en vigor de la reforma de la ley del aborto se produjo este pasado lunes según el calendario de aplicación de las nuevas normas legales. Pero en esta ocasión, la ley ha estado precedida por una iniciativa del jefe jurídico del PP, Federico Trillo, que pretendía que el Tribunal Constitucional atendiera una solicitud del PP para que la ley no entrara en vigor hasta no comprobar si contenía, como sostiene el PP, algunos artículos que son radicalmente opuestos a los principios constitucionales. El TC no dio ninguna clase de indicios de que fuera a paralizar la vigencia de esa ley, pero algunas comunidades con gobierno del PP ya actuaron por su cuenta, y así ha sucedido en Murcia, cuando su presidente, Ramón Luis Valcárcel, anunciaba que no acata la norma, y que esperará el pronunciamiento del TC antes de permitir la aplicación de la nueva ley en su territorio, y la dirección del PP observa «con comprensión» esta actitud de abierta rebelión y desobediencia activa de un Gobierno autónomo, que inaugura unos comportamientos novedosos entre Gobiernos autonómicos y leyes del Estado. No es menos cierto que, con anterioridad, Esperanza Aguirre había mostrado algunos comportamientos parecidos, pero sin llegar a tanto: se resistió a poner en marcha la Educación para la Ciudadanía, puso en marcha con lentitud y a regañadientes la normativa sobre la Ley de Dependencia, anunció y emprendió una campaña activa contra la entrada en vigor del nuevo IVA, desde el primero del presente mes de julio... Pero no había precedentes de un presidente de Comunidad que, por su cuenta y riesgo, anunciara que no acata una norma aprobada por las Cortes Generales.
Ante lo cual, el presidente del Gobierno ha mostrado su sorpresa y ha acusado al PP de recurrir al TC las cuestiones que pierde políticamente en las cámaras legislativas, como hizo con el Estatuto catalán, que nos ha mantenido, y aún nos mantiene atentos a los efectos del recurso y la consiguiente sentencia... Posiblemente, Valcárcel, como muchos populares, tenían la confianza en que el TC actuara con la ley del aborto como hizo con el Estatut, dando la razón al principal partido de la oposición y paralizando la ley hasta su revisión a la luz de la Constitución vigente. De hecho, otra serie de comunidades «del PP», como Madrid, Navarra, Castilla y León, La Rioja y Valencia han criticado la nueva norma y anuncian que pondrán trabas a su desarrollo...
Alegan los populares que el Gobierno navarro lleva prácticamente un cuarto de siglo oponiéndose a la vigencia de la ley del aborto y nada ha sucedido. El gobierno de la UPN, en efecto, insiste en sus propias convicciones personales o religiosas y se suman al PP murciano para hacer esta demostración de desobediencia activa. Pero tampoco falta quien pregunte cómo es posible que sucedan actuaciones de esta naturaleza. Un relevante abogado opinaba sobre posibles reacciones contra esta clase de resistencias a la norma aprobada por las Cortes: si alguien presenta una querella, pudiera enviar a Valcárcel a prisión..., sugería. Pero no ocultaba su propia objeción a tal idea: ¿Para hacerlo víctima y eternizarlo en el mando de la Comunidad como estrella mediática y propulsor de una mo ral «a la contra»?